Agua y pantano

Periodismo en tiempos convulsos

El reportero nunca debe ser la noticia, solían decir los grandes maestros de la redacción. Con esa consigna, al salir a la calle se asume el reto de buscar a la protagonista número uno de cada jornada: la noticia.

Cuando se cubren desastres, accidentes, crímenes o ataques violentos, la noticia ya está dada, pero faltará llenar los vacíos de información, lo que no se sabe aún, porque no todo es posible conocerse de forma inmediata.

Es cuando el reportero debe cumplir su misión esencial: ir al lugar de los hechos, observar, corroborar y registrar. Deberá tratar de obtener testimonios de testigos, versiones de autoridades y consultar a profesionistas expertos, si fuera necesario.

Averiguar qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó y por qué pasó e integrar un reporte lo más objetivo posible se convierte en consigna, en obligación y reto profesional.

Un reportero asume riesgos, sabe que al acudir a un lugar donde ha sucedido un desastre o una emergencia, tendrá que procurar su seguridad y atender las indicaciones de las autoridades responsables de coordinar los operativos, pero sin descuidar los motivos por los que está ahí: informar.

Al hacerlo ejerce derechos fundamentales: el derecho a la información,  a la libre expresión y al ejercicio libre de una profesión. Pero también contribuye a garantizar a la sociedad y a cada persona estar informada , lo cual es clave en un sistema democrático. 

Por tanto, dentro de un Estado que se asume como tal, es obligación de toda autoridad garantizar y proteger la labor de los periodistas, dado el rol esencial que desempeñan.

Como cualquier ciudadano, los periodistas tiene derechos pero también obligaciones y en estricto sentido no pueden realizar lo que no les está explícitamente prohibido por la ley. 

A su vez, las autoridades, de cualquier rango, no pueden hacer nada que no les está expresamente ordenado por la ley. Y se debe tener en cuenta que ninguna ley puede estar o contraponerse a lo que establece la Constitución.

¿Qué sucedió el 10 de abril?

A través de las redes sociales, se difundieron imágenes de dos reporteros de Azteca Noticias, custodiados por dos agentes de la Marina Armada de México, en el exterior de la refinería Olmeca.

Fue la mañana siguiente del incendio que se registró en la planta coquizadora de ese complejo. Ese día ya no había acordonamientos o dispositivos especiales de seguridad en el perímetro. 

Como en otras ocasiones, pues la cobertura alrededor de la planta de refinación lleva más de tres semanas, el equipo se instaló para transmitir un enlace en vivo, en el camellón central de la avenida Libramiento Dos Bocas.

Mientras se esperaba a que los conductores en la Ciudad de México dieran la entrada al reporte, los militares llegaron a pedir al equipo que se retirara de ahí, argumentando que era zona federal.

Nuestra respuesta fue que el lugar formaba parte de la avenida y, por tanto, un espacio público, además de que ya en otras ocasiones se había transmitido desde ahí. Se les dijo, entonces, que con su acción estaban obstruyendo nuestra labor informativa.

El día de la emergencia por incendio, este mismo equipo de reporteros, transmitió en vivo y en directo en la acera de enfrente, a donde casualmente nos estaban moviendo, y desde su posición los militantes lanzaron en más de tres ocasiones a nuestras cámaras sus rayos láser y luces para obstruir el trabajo que realizábamos.

Este comportamiento ilegal y arbitrario, que implicó además una agresión, se sumó al ejercido por los dos marinos el día siguiente. Por esa razón, nuestra reacción de molestia y nuestra denuncia.

Lo que se ha narrado en este espacio no corresponde a hechos aislados ni mucho menos fortuitos, sino a un comportamiento sistemático de los cuerpos de seguridad federales y estatales. 

Las coberturas noticiosas nunca han sido fáciles, por los peligros y riesgos implícitos, pero hoy se suma este ingrediente alarmante: el asedio, la obstrucción y la intimidación de autoridades hacia el trabajo profesional de informar. De esto sobran testimonios e historias no contadas, porque se asumen como inconvenientes del oficio.

Frente a ello resulta pertinente recordar la obligación constitucional de toda autoridad de respetar y proteger los derechos de todas las personas. 

El momento actual de México es complejo, por la inseguridad, la violencia, la pérdida gradual de derechos y libertades que detonan y exacerban conflictos sociales, y sobre todo la polarización y división entre mexicanos. 

En este escenario convulso, como en cualquier otro tiempo, el periodismo es y seguirá siendo útil. No admite descalificación ni aprobación, asedio ni mucho menos obstrucción de gobernantes y ninguna autoridad. Hacerlo, avalarlo o actuar de manera omisa supone desentenderse de su obligación constitucional y su compromiso moral y ético con la protección y defensa de los principios democráticos.

Nota de agradecimiento: a la Agencia Quadratín y a sus directivos por la deferencia al hospedar esta columna de opinión.