De Primera Mano

• Visos de corrupción en el Poder Judicial

La denuncia del médico Carlos González Maza expone, una vez más, cómo opera en la práctica la justicia en Tabasco.

Traumatólogo jubilado de Pemex, dueño de una clínica privada y con solvencia económica, González Maza no encaja en el perfil de quien pide prestado un millón 250 mil pesos a un agiotista y ofrece como garantía propiedades cuyo valor multiplica varias veces esa cantidad.

El médico narra que contrató a la abogada Adelita López Velázquez para elaborar un testamento y tramitar escrituras. En lugar de cumplir, según su denuncia, la litigante y un socio de su despacho fabricaron un pagaré apócrifo por esa cantidad: tomaron su firma de un documento auténtico, la recortaron y le adosaron un texto impreso por computadora.

El supuesto pagaré —un simple pedazo de papel sin firmas de testigos— amenazaba con el embargo de sus bienes. Para revestirlo de legalidad, contaron presuntamente con la complicidad del actuario del Tribunal Superior de Justicia, Pascual Torres López, quien dio fe de los documentos falsos, aseguró haber entrevistado al médico y que éste reconoció la deuda.

González Maza presentó denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) por fraude y extorsión. Señaló, además de López Velázquez, a Carlos Francisco Gutiérrez Romero, Leyla Guadalupe Alamilla Hernández, Eneida Castellanos de la Cruz y al propio actuario Torres López.

Pero en vez de que las autoridades investigaran con celeridad a los acusados, el actuario respondió con una contrademanda civil por daño moral: exige dos millones de pesos al médico y busca que un juez ordene eliminar todas sus publicaciones en redes y medios donde expone el caso.

La duda entendible es: ¿Por qué el TSJT, en lugar de suspender al funcionario señalado y abrir una investigación interna seria, permitió que avanzara la demanda contra la víctima? ¿El mensaje es que quien se atreva a exhibir irregularidades dentro del Poder Judicial será silenciado con las mismas herramientas del sistema?

En el esquema que hasta ahora tolera la institución encabezada por el magistrado presidente Efraín Reséndez Bocanegra, el denunciante termina convertido en victimario y el señalado, en víctima protegida.

Resulta indignante que un servidor público use su cargo para atacar a quien lo acusa. Más grave aún es que el propio Tribunal Superior de Justicia no haya reaccionado con la firmeza que el caso amerita.

Este asunto ya rebasó el millón 250 mil pesos en disputa. Se ha convertido en una prueba de fuego: define si en Tabasco todavía existe independencia judicial o si el sistema está corrompido hasta la médula.
Si se castiga al denunciante por “daño moral” y se le obliga a callar, la impunidad habrá ganado la partida.

¿Hasta cuándo seguiremos aceptando que la ley proteja a los corruptos y persiga a las víctimas?