Carta abierta

Reducir pensiones de forma general es un gran riesgo para el país

La gestión de las pensiones en Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad atraviesa una opacidad que fractura la confianza de sus antiguos trabajadores. Se observa una ejecución de ajustes que, bajo el amparo de una supuesta austeridad, golpea el patrimonio de quienes dedicaron su vida al sector energético.

Claudia Sheinbaum sostiene que la remuneración del titular del Ejecutivo funciona como el límite máximo para cualquier ingreso público. El problema radica en que el tope de 70 mil pesos mensuales carece de veracidad en términos legales y reales (pues la percepción efectiva supera con creces esa cifra).

Los encargados de las finanzas en estas dependencias federales aplican criterios carentes de lógica que alcanzan incluso a quienes se jubilaron con cargos de supervisión. Se castiga con una rigidez que parece más una arbitrariedad que un plan de ordenamiento.

Esta forma de proceder genera un malestar profundo en estados como Tabasco o Veracruz, donde los pensionados ven reducidos sus ingresos sin una base jurídica sólida. El Congreso de la Unión mantiene una postura que permite estas distorsiones, dejando vacíos que los operadores administrativos llenan con interpretaciones sesgadas para cumplir cuotas de recorte a costa de las jubilaciones más modestas.

En Tabasco, donde reside un número elevado de jubilados del sector energético, el impacto trasciende lo individual para asfixiar la economía local. El recorte de estas prestaciones significa retirar de tajo el recurso que mueve el comercio y los servicios de comunidades enteras. Se asiste a una descapitalización regional por decisiones de oficina que ignoran el flujo de efectivo necesario para la estabilidad de la economía.

Los legisladores permiten que el ahorro se convierta en una parálisis del consumo básico en las zonas que más riqueza han entregado al país.

Resulta que el ahorro obtenido con estas retenciones carece de peso en las finanzas nacionales. Si se compara el monto quitado a los jubilados con los presupuestos que manejan PEMEX y CFE, la cifra se vuelve minúscula.

Es un ejercicio de contabilidad cosmética. Se elige el camino del conflicto con los adultos mayores en lugar de atacar las verdaderas fugas de capital o los esquemas de ineficiencia que hunden a las empresas estatales. Los directivos presentan estos ajustes como una victoria, pero la realidad muestra una estructura de gasto intacta en sus niveles más altos.

La presidenta enfrenta un escenario donde sus propias instrucciones se ejecutan de manera torpe. Al golpear a supervisores y mandos medios ya retirados, se construye un malestar que protege a los grandes beneficiarios del sistema que sí perciben ingresos fuera de toda norma.

La administración pública prefiere la ruta del castigo directo a la clase trabajadora jubilada antes que una revisión de los contratos que realmente afectan las arcas.

El resultado se resume en un sector de la población empobrecido por decreto, mientras el gasto real sigue su curso sin alteraciones.