Advierte Jorge Abdó falta de capacitación de impartidores de justicia
VILLAHERMOSA, TAB.; 27 de abril de 2026. - El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rafael Acosta León, ventiló que el Gobierno del Estado envió una iniciativa al Congreso local para autorizar la venta de predios estratégicos en la zona de Tabasco 2000. Entre las propiedades destaca el actual Centro de Convenciones, el cual sería enajenado por un monto superior a los 216 millones de pesos.
De acuerdo con el líder perredista, la iniciativa enviada al Poder Legislativo pretende desprenderse de un inmueble ubicado en la avenida Planetario, el cual cuenta con una superficie de 6 mil 376 metros cuadrados y pertenece al patrimonio estatal desde el año 1987. El costo fijado para esta operación es de 216 millones 679 mil pesos.
Acosta León criticó la opacidad con la que se maneja la propuesta, señalando que, aunque la iniciativa no identifica oficialmente a un comprador, de manera extraoficial se sabe que existe una negociación directa con la empresa Liverpool.
“No se menciona para qué va a ser el recurso o por qué la urgencia de vender ese espacio. Seguramente el gobierno está urgido de dinero y por eso quiere desprenderse de ese patrimonio tan importante de manera directa”, fustigó el dirigente.
El Gimnasio La Choca, también en la lista
La denuncia no se limitó al recinto de convenciones. Rafael Acosta reveló que un segundo predio, denominado Gimnasio La Choca y ubicado en la zona de Paseo La Choca, también está incluido en los planes de venta.
Este inmueble, que forma parte de las propiedades del estado desde 1979, cuenta con una superficie considerablemente mayor de 16 mil 271.89 metros cuadrados. Según la información proporcionada, el monto de venta para este espacio sería de 198 millones 310 mil pesos, sin que hasta el momento se aclare el destino final de esos fondos.
Para la dirigencia estatal del PRD, estas maniobras representan una pérdida de patrimonio histórico y estratégico para la ciudad. Rafael Acosta cuestionó la celeridad con la que se busca aprobar esta iniciativa en el Congreso, insistiendo en que el estado debería transparentar los motivos financieros y el uso que se le dará a los casi 415 millones de pesos que sumarían ambas transacciones.