Carta abierta

La purga ha comenzado

El 28 de abril, Carta Abierta hizo eco de una advertencia pública que hoy se confirma: el Gobierno de Estados Unidos y el embajador Ronald Johnson tenían en la mira a políticos vinculados con los cárteles de la droga.

Lo que en su momento pudo parecer una propaganda amarillista de la oposición, se ha oficializado. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado cargos penales contra el gobernador Rubén Rocha Moya por su presunta colusión con el Cártel de Sinaloa.

La acusación formal, anunciada por el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, no deja lugar a dudas sobre la gravedad de las imputaciones.

Rocha Moya enfrenta tres cargos graves, incluyendo narcotráfico y tráfico de armas, señalándose una alianza directa con la facción de Los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

Según el expediente judicial asignado a la jueza Katherine Polk Failla, el gobernador habría utilizado su cargo público para proteger a la organización criminal y asegurar el flujo constante de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

Se menciona incluso que su ascenso al poder en las elecciones de noviembre de 2021 fue facilitado por la intervención de dicho grupo criminal, mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos.

Pero el gobernador no está solo en esta lista. La investigación incluye una red que penetró diversas capas del gobierno y las fuerzas del orden en la entidad sinaloense. Entre los funcionarios señalados y bajo investigación formal se encuentran el senador Enrique Inzunza Cazarez, el secretario de administración y finanzas Enrique Díaz Vega, y el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra. También están Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras, alias Cholo, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito.

Se les acusa de presuntamente recibir millones de dólares en sobornos, filtrar información de inteligencia policial y militar para frustrar operativos, y desplegar fuerzas municipales para custodiar cargamentos de droga. Esta red de corrupción permitió que el cártel operara con una libertad pasmosa a cambio de impunidad garantizada en el estado.

La purga ha comenzado. El Gobierno de México enfrenta ahora el reto de demostrar que está por encima de cualquier complicidad criminal, así sea la de sus propios miembros.

Claudia Sheinbaum se ha manifestado siempre a favor de limpiar la casa de este tipo de perfiles que manchan el movimiento. Ella ha dejado claro que, si hay pruebas contundentes, no solapará a nadie.