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VILLAHERMOSA, Tab., 3 de junio de 2026.— Luego del desmantelamiento de dos cámaras de videovigilancia en la Iglesia Presbiteriana Nueva Jerusalén, ubicada en la colonia Centro de Villahermosa, representantes de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, rechazaron que dichos dispositivos fueran usados para actividades ilícitas, como afirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en un comunicado.
Lo anterior luego de que el pasado 30 de mayo agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata de Tabasco (FRIT) Olmeca, quitaran los dispositivos de videovigilancia de la iglesia ubicada en la calle Ignacio Zaragoza del centro de la ciudad, como parte del operativo Halcón Ciego.
Los integrantes de la organización religiosa, indicaron que el sistema de videovigilancia tenía una antigüedad de 10 años y había servido como herramienta de evidencia para las propias autoridades judiciales en la investigación de delitos.
Carlos Alberto Castellanos Morales, asesor jurídico de la institución religiosa, calificó como una incongruencia y un acto preocupante las aseveraciones que vinculan al templo con la delincuencia. Para demostrarlo, exhibió un oficio oficial fechado el 13 de octubre de 2025, donde la Fiscalía General del Estado (FGE) le solicitó formalmente a la iglesia las grabaciones de sus cámaras para indagar un presunto hecho delictivo ocurrido cerca del lugar.
“Esas cámaras en su momento fueron incluso requeridas por la propia autoridad judicial para efecto que sirviera en investigaciones”, detalló el abogado, quien aseguró que la organización siempre ha colaborado de manera transparente, por lo que sentenció: “la versión de que era usada para actividades ilícitas, totalmente se cae”.
Por su parte, el pastor Julián Hernández Moreno, presidente de la Asamblea General de México de la Iglesia Nacional Presbiteriana, exigió una disculpa pública por parte de las autoridades de seguridad en el estado, luego de considerar ofensivo que se les ligue de forma directa o indirecta con la ilegalidad. El líder religioso lamentó que la SSPC emitiera acusaciones sin presentar prueba alguna, afectando el prestigio de una institución que cuenta con presencia en los 32 estados de la república, sumando 1,500 templos y más de 200 mil miembros a nivel nacional.
“Nosotros lo que queremos es una disculpa pública porque hay varias difamaciones que están en las redes sociales, de gente que piensa que no nos dedicamos al evangelio, sino a otras cosas. Nosotros somos una iglesia respetuosa, por eso exigimos también respeto, y una disculpa pública”, manifestó el pastor Hernández Moreno, aclarando que, pese al agravio, la comunidad evangélica se mantiene abierta al diálogo con las autoridades para llegar a acuerdos.
En el aspecto legal, el asesor jurídico informó que las dos cámaras retiradas cubrían el acceso principal del templo y que, en una década de funcionamiento, jamás recibieron una notificación de irregularidad o solicitud de retiro.
Castellanos Morales denunció que el pasado 27 de mayo, alrededor de las 11:30 horas, los agentes de la FRIT Olmeca, acompañados por la Guardia Nacional, ingresaron y desmantelaron los equipos sin presentar una orden judicial. Ante este proceder, confirmó que ya presentaron una queja formal ante la SSPC por la violación de sus derechos constitucionales.
El litigante argumentó que el templo cuenta con su certificado de uso vigente y actúa bajo la Ley Reglamentaria de Asociaciones Religiosas y Cultos Públicos. Explicó que la instalación del equipo respondió exclusivamente a que algunas áreas de las instalaciones sufrieron vulneraciones en el pasado, por lo que se colocaron para proteger la integridad de feligreses, vecinos y transeúntes.
Respecto al recurso legal interpuesto, concluyó: “Ese recurso es un procedimiento legal donde nos inconformamos por el actuar que tuvieron los policías, dado que en nuestra opinión, sí se vulneraron derechos”.