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Kilómetros y paseos blindados: la política del silencio en Tabasco

En Tabasco, las cifras de la obra pública parecen escritas y firmadas con tinta de oro.

La autopista Macuspana-Escárcega, por ejemplo, se convirtió en un monumento al sobreprecio: los 12 kilómetros adjudicados en el primer tramo costaron mil 200 millones de pesos; es decir, 100 millones por kilómetro. Esto es digno de un escándalo.

El contraste es brutal: Pemex suele valorar el kilómetro de autopista en 25 millones de pesos, solo como referencia. Pero el esquema se repite: en el siguiente tramo de 12 kilómetros, se entregan contratos a las mismas empresas en el mismo precio inflado.

El Paseo Tabasco y su remodelación no se quedan atrás. Los cinco kilómetros de río a río de esta avenida se presupuestaron en 2 mil 400 millones de pesos, lo que equivale –si Pitágoras no nos miente– a 480 millones por kilómetro lineal. Esto sin contar el puente, que según expertos podría costar unos 300 millones de pesos, elevando el presupuesto total a 2 mil 700 millones.

Una cifra que raya en lo grotesco. Y lo peor de todo: el proyecto está blindado contra la ciudadanía. No hay información oficial, no hay acceso a datos, no hay derecho a preguntar. Todo está bloqueado, como si el dinero público fuera propiedad privada.

Aquí no hablamos de errores administrativos ni de simples cálculos mal hechos. Hablamos de una política deliberada de opacidad y discrecionalidad.

El kilómetro de carretera se paga cuatro veces más de lo normal; el kilómetro del Paseo, muchas veces más. El gobierno responde con silencio, mientras el ciudadano paga sin tener derecho a saber. Es increíble.

La ironía es evidente: en una ciudad donde las calles se inundan y los servicios básicos se deterioran, el presupuesto se evapora en contratos que parecen diseñados para enriquecer a unos pocos. La obra pública se convierte en espectáculo de lujo, mientras la transparencia se esconde detrás de un telón impenetrable.

El escarnio no es solo contra las cifras, sino contra la política que las sostiene: un gobierno que multiplica los costos y divide la información. Es inadmisible.

La pregunta que queda flotando es si la sociedad seguirá aceptando que el dinero público se administre como botín privado, mientras se le niega el derecho más elemental: el de informarse.