Remplazar Policía Estatal con Guardia Estatal, propone May al Congreso

VILLAHERMOSA, Tab., 17 de junio de 2026.- Una iniciativa para la desaparición de la  Policía Estatal y creación de la Guardia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana, fue enviada por el gobernador Javier May Rodríguez, al Congreso del Estado.

Esto se plantea en la iniciativa del jefe del Ejecutivo estatal, a la cual dio entrada la Comisión Permanente del Congreso local, para reformar la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. Dicha propuesta se turnó a la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil de la 65 Legislatura que preside Alejandra Navez Plancarte, diputada del PVEM.

En la exposición de motivos, el Ejecutivo expone que fortalecer la confianza del pueblo implica realizar una transformación simbólica y comunicativa, que permita reconstruir la relación entre la ciudadanía y sus instituciones de seguridad pública y policiales.

Por ello, apuntó, modificar la denominación del órgano desconcentrado Policía Estatal por Guardia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana permite un cambio de paradigma y genera cercanía con la sociedad tabasqueña.

Habrá comisionado de la Guardia Estatal

En la iniciativa que está en análisis de la citada comisión, se establece como Artículo Único la reforma a diversos artículos, entre ellos, el número 2 Glosario, para sustituir en el apartado V el cargo de comisionado de la Policía Estatal, por el de comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana, y añadir la fracción octava bis con la denominación: Guardia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana.

La propuesta agrega en el Artículo 38 que el gobernador podrá ejercer el mando de la Guardia Estatal por conducto del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco y del comisionado.

En el Artículo 47 se destaca que el comisionado ejercerá atribuciones de mando de dirección y disciplina y quien ocupe esta función, deberá cumplir como requisitos: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener reconocida buena conducta; no haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público, ni estar sujeto a proceso penal y comprobar una experiencia mínima de cinco años en labores vinculadas con la seguridad pública.