Detectan venta base de datos ligada a Aeroméxico a través de Telegram
MORELIA, Mich., 23 de julio de 2026.- El teléfono sonó cuando el hombre que asesinó a Lucía Ugalde Ramos ya había sido localizado. Del otro lado de la línea, el abogado que la familia buscaba para llevar el juicio les puso precio a la justicia para su hermana: 500 mil pesos por representar el caso y 100 mil de anticipo para regresar de vacaciones y asumir la defensa, relató Ireri Ugalde Ramos, víctima indirecta.
La familia no tenía ese dinero.
“Tenía el teléfono en altavoz; mis papás estaban escuchando todo”.
Siete años después del feminicidio, Ireri Ugalde Ramos recuerda ese momento como uno de los muchos en que comprendió que, además de enfrentar el duelo, tendría que enfrentar un sistema que obliga a las víctimas indirectas a resolver lo que el Estado no alcanza.
"Nosotros no teníamos ese dinero", resume.
La condena llegó. El responsable recibió una sentencia de 40 años de prisión; pero el camino hasta ese fallo implicó una factura que nunca aparece en los expedientes judiciales.
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