A Tabasco

La construcción del enemigo

El discurso discriminatorio y la erosión de la democracia

Toda erosión democrática comienza con el lenguaje: la exclusión del adversario puede terminar debilitando las instituciones que sostienen el Estado constitucional.

Las democracias constitucionales rara vez colapsan de manera abrupta. Su deterioro no suele anunciarse con la cancelación de elecciones, la disolución del Congreso o el cierre de los tribunales. Por el contrario, comienza casi siempre de forma imperceptible, mediante un proceso gradual de normalización del lenguaje político. La primera fractura no ocurre en las instituciones, sino en las palabras.

Es en ese momento cuando el adversario deja de ser un competidor legítimo para convertirse en un enemigo al que debe neutralizarse; cuando la crítica se redefine como un acto de deslealtad, de traición a la patria; cuando el pluralismo comienza a interpretarse como un estorbo y la autonomía de las instituciones constitucionales pasa de ser una garantía del Estado de derecho a convertirse, en el discurso del poder, en un obstáculo que debe ser sometido o eliminado. Antes de debilitar las instituciones, las democracias suelen debilitar el lenguaje con el que las sociedades aprenden a defenderlas.

La historia demuestra que ningún proyecto de concentración del poder puede consolidarse sin antes construir una narrativa que justifique la exclusión. El poder necesita identificar responsables de los problemas públicos, señalar culpables y dividir a la sociedad entre quienes representan el supuesto interés general del pueblo y quienes son presentados como obstáculos para alcanzarlo. Esa lógica, ampliamente estudiada por la teoría política y la psicología social, constituye el primer paso hacia el debilitamiento del pluralismo democrático.

La construcción del enemigo no consiste únicamente en desacreditar a la oposición política. Su propósito es mucho más profundo: privar de legitimidad a cualquier persona, institución u organización que limite el ejercicio del poder o cuestione sus decisiones. Organismos constitucionales autónomos, universidades, medios de comunicación, asociaciones civiles, instituciones privadas, sectores empresariales e incluso ciudadanos críticos pueden convertirse en destinatarios de un discurso que busca presentarlos como adversarios permanentes del interés público.

En ese contexto aparece el discurso discriminatorio, una de las herramientas más eficaces para justificar la exclusión. La discriminación política no siempre adopta formas abiertas o explícitas. Con frecuencia se manifiesta mediante etiquetas, estigmas y narrativas que distinguen entre ciudadanos “auténticos” y ciudadanos “ilegítimos”; entre instituciones “útiles” e instituciones “incómodas”; entre voces que merecen ser escuchadas y voces que deben ser desacreditadas. El problema no radica únicamente en la dureza del lenguaje, sino en su capacidad para modificar la percepción colectiva sobre quién tiene derecho a participar plenamente en la vida pública.

Desde una perspectiva constitucional, esa lógica resulta incompatible con el Estado democrático de derecho. El artículo 1.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe toda forma de discriminación que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esa disposición no constituye únicamente un mandato dirigido a las autoridades administrativas o judiciales; representa un principio que debe orientar el comportamiento de todos los actores públicos, incluidos los partidos políticos como entidades de interés público.

Por su parte, el artículo 41 constitucional asigna a los partidos una función esencial: promover la participación ciudadana, hacer posible el acceso al ejercicio del poder y contribuir a la integración de la representación política. Esa responsabilidad implica competir dentro de las reglas democráticas, no sustituirlas; convencer mediante argumentos, no mediante la descalificación sistemática; fortalecer las instituciones, no debilitarlas cuando dejan de ser funcionales a un determinado proyecto político.

La democracia constitucional descansa sobre un principio tan sencillo como exigente: nadie concentra por sí solo la representación de la sociedad. Por ello existen órganos autónomos, tribunales independientes, universidades con libertad académica, medios de comunicación críticos, organizaciones de la sociedad civil y un sector privado con autonomía para desarrollar sus actividades dentro del marco jurídico. Todos ellos forman parte del entramado institucional que limita el poder y protege las libertades.

Cuando desde el discurso político se intenta presentar a esos actores como enemigos permanentes, se produce una alteración profunda de la cultura democrática. La crítica deja de dirigirse a decisiones concretas para orientarse contra la propia existencia de los contrapesos. Se deja de discutir el contenido de las resoluciones para cuestionar la legitimidad de quienes las emiten. En ese punto, el problema deja de ser político y adquiere una dimensión constitucional.

La psicología política ofrece una explicación relevante para comprender este fenómeno. Los grupos cohesionan su identidad mediante la definición de un “nosotros”, pero también mediante la construcción de un “ellos”. Cuanto mayor es la polarización, más sencillo resulta movilizar emociones como el miedo, el resentimiento o la indignación. El adversario deja de ser un interlocutor con el que puede existir desacuerdo y comienza a ser percibido como una amenaza cuya exclusión parece necesaria para preservar el orden social. Esa dinámica reduce el espacio para el diálogo y normaliza la confrontación permanente.

La experiencia internacional demuestra que muchas democracias no colapsan mediante golpes de Estado, sino a través de procesos graduales de deterioro institucional. La deslegitimación constante de las autoridades electorales, el cuestionamiento sistemático de los órganos autónomos, la estigmatización de la prensa independiente o la presión política sobre universidades y organizaciones civiles constituyen señales que merecen atención, precisamente porque erosionan la confianza pública en los mecanismos de control del poder.

En Tabasco, esta reflexión adquiere especial relevancia. Conforme se aproxima el proceso electoral de 2027, el debate político se intensificará y, con él, la tentación de sustituir las propuestas por la confrontación. La competencia democrática exige firmeza en las ideas, pero también responsabilidad en el lenguaje. Los ciudadanos necesitan conocer proyectos de gobierno, soluciones a los problemas de seguridad, desarrollo económico, salud, educación e infraestructura; no discursos orientados a dividir a la sociedad entre aliados y enemigos.

Tabasco enfrenta desafíos que demandan instituciones sólidas y una ciudadanía participativa. La pobreza, la desigualdad, el desarrollo regional, la diversificación económica, la protección ambiental y la consolidación del Estado de derecho requieren diálogo entre gobiernos, partidos políticos, empresarios, universidades, organizaciones sociales y ciudadanía. Ninguno de esos objetivos podrá alcanzarse si la lógica de la exclusión sustituye a la lógica de la cooperación democrática.

En una democracia madura, la crítica no debe entenderse como un acto de deslealtad. Por el contrario, constituye una condición indispensable para corregir errores, fortalecer las instituciones y perfeccionar las políticas públicas. Una sociedad en la que todos piensan igual no es necesariamente una sociedad más estable; con frecuencia es una sociedad donde muchos han dejado de expresar lo que realmente piensan.

Por ello, la responsabilidad de los partidos políticos trasciende la competencia electoral. También son responsables de preservar la calidad del debate público. Su legitimidad no depende únicamente del número de votos que obtengan, sino de la manera en que contribuyen a fortalecer la cultura democrática. Ganar una elección nunca debe confundirse con obtener el derecho de definir quién merece participar en la conversación pública y quién debe ser excluido de ella.

La ciudadanía, por su parte, enfrenta un desafío igualmente importante. Defender la democracia no consiste únicamente en acudir a votar el día de la elección. Significa también rechazar la normalización del discurso discriminatorio, exigir respeto para las instituciones y comprender que los contrapesos no fueron creados para obstaculizar a los gobiernos, sino para proteger los derechos de todas las personas frente a cualquier exceso del poder.

La democracia comienza a deteriorarse cuando el lenguaje deja de reconocer la dignidad del adversario. Se debilita cuando las diferencias ideológicas se convierten en razones para excluir, cuando la crítica se interpreta como traición y cuando la pluralidad se presenta como una amenaza. En ese momento, el discurso deja de ser un medio de deliberación para convertirse en un instrumento de dominación.

Porque ninguna democracia pierde primero sus elecciones. Antes pierde algo mucho más valioso: la capacidad de reconocer que quienes piensan distinto no son enemigos que deban ser derrotados a cualquier costo, sino ciudadanos con la misma dignidad, los mismos derechos y el mismo lugar dentro del orden constitucional.