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La trampa legal de las grúas en Tabasco

En Tabasco se ha normalizado un abuso que golpea directamente al bolsillo del ciudadano: el cobro excesivo de las grúas particulares. Mientras la Ley de Hacienda 2026 establece tarifas claras, 936 pesos para vehículos y 469 para motocicletas, las empresas concesionadas llegan a exigir entre 20 mil y 30 mil pesos por el mismo servicio.

El truco está en la llamada trampa legal: se amparan en la Ley de Movilidad, diseñada para regular tarifas de transporte, no para sanciones de tránsito. Así, una interpretación torcida permite aplicar costos desproporcionados en corralones, cuando la propia ley ya fijó tabuladores específicos para infracciones.

La consecuencia es evidente: el ciudadano queda atrapado entre la grúa y el corralón, obligado a pagar cifras que no corresponden. La Policía Estatal de Caminos tiene la obligación de aplicar las tarifas de la Ley de Hacienda, pero en la práctica se tolera que las concesionarias impongan su propio esquema.

Lo más grave es la inacción ciudadana. Aunque estos cobros pueden ser impugnados legalmente, pocos recurren al amparo por lo complicado del proceso. El resultado: un abuso que se repite y se fortalece en la impunidad.

Este caso revela un patrón: cuando las leyes se diseñan con ambigüedades, los vacíos se convierten en negocio. Y cuando la autoridad se cruza de brazos, el ciudadano paga la factura.

La pregunta es inevitable: ¿seguiremos aceptando que una grúa cueste lo mismo que un automóvil? O mejor dicho, ¿seguiremos permitiendo que la ley se use como herramienta de abuso en lugar de protección?