Contexto
El anuncio de nuevos lineamientos para regular a las audiencias en radio y televisión ha encendido las alarmas.
La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces advierte que estas normas representan una extralimitación legal que vulnera la libertad de expresión y abren la puerta a una censura institucionalizada.
El discurso oficial insiste en que se busca “proteger al público”. Sin embargo, lo que se perfila es un mecanismo de control político disfrazado de derecho ciudadano. Bajo criterios discrecionales, el Estado pretende fiscalizar la labor periodística y decidir qué información es válida para la sociedad.
Diversos legisladores han señalado que la protección de las audiencias es legítima, pero nunca debe convertirse en herramienta de fiscalización editorial.
Someter la prensa a lineamientos gubernamentales es condenar la pluralidad informativa y debilitar el equilibrio democrático.
La pregunta es inevitable: ¿de qué audiencias hablamos? ¿De las que necesitan información libre y plural, o de la audiencia privilegiada de Palacio Nacional que busca imponer su narrativa?
El riesgo es que el “derecho de las audiencias” termine siendo el derecho del poder a controlar lo que escuchamos y vemos.
En tiempos donde la democracia se sostiene en la diversidad de voces, la independencia de la prensa no es un lujo: es una garantía ciudadana.
Si se permite que el gobierno decida unilateralmente qué información circula, estaremos frente a un estado autoritario que ya comienza a mostrar sus primeros síntomas y cuidado, si nos embozan y callamos bajo so pena, de una sanción, nos estaremos enfrentando no solo a una “ley censura” si no a un autoritarismo total.




