Cayuco

16 de septiembre de 2026

6:01

Enrique Muñoz González

“La corrupción rara vez
comienza con dinero.
Comienza cuando el
poder cree que ya no
tiene que dar explicaciones.”

Anónimo

Octavio Romero, más solo que Rubén Rocha Moya

Al todopoderoso Octavio Romero Oropeza parece habérsele acabado aquello que durante años abundó alrededor de la Cuarta Transformación: el coro de defensores.
Esta vez nadie salió a gritar:
¡Octavio no estás solo!
Y vaya que necesitaba compañía.

El director general del Infonavit quedó atrapado en una controversia por su declaración patrimonial y por las explicaciones que ofreció públicamente. Intentó defenderse mediante un video, recurriendo a la vieja receta del obradorismo: desacreditar a los medios y presentarse como víctima.

Pero algo salió mal.
La explicación no apagó el incendio.
Al contrario le echó gasolina.
Porque el problema de Octavio Romero ya no es únicamente cuánto tiene.
El problema es cómo lo obtuvo, cómo lo declaró y qué tanto está dispuesto a transparentar.

Si la presidenta Claudia Sheinbaum exige transparencia, entonces que sea completa. No una transparencia administrada desde Palacio Nacional ni documentos abiertos solamente hasta donde convenga.

Que se conozca todo lo legalmente público. Propiedades. Ingresos. Donaciones. Operaciones inmobiliarias.
Posibles conflictos de interés.

Y que las mismas exigencias alcancen a los funcionarios vinculados familiarmente cuando existan operaciones que legítimamente despierten interés público.

Porque alrededor del patrimonio familiar de Romero han surgido también cuestionamientos periodísticos sobre ingresos declarados por su hija María Eugenia Romero Lozano, incluidos recursos reportados bajo el concepto de “donaciones”.

¿Quién donó?

¿Existe alguna relación con personas que tengan intereses frente al gobierno?
La transparencia sirve precisamente para despejar sospechas.
Pero hay un asunto todavía más delicado.

Huimanguillo: el terreno que Octavio debe explicar

En Huimanguillo, Tabasco, aparece un proyecto para la construcción de 1,854 viviendas, relacionado –de acuerdo con la información que debe ser cotejada contra el expediente contractual completo– con el contrato CO-PVB-070-2025, por un monto superior a 1,018 millones de pesos.

Estamos hablando de dinero público y de viviendas destinadas a trabajadores.

Por eso hay una pregunta elemental:

¿De quién es el terreno?

En los señalamientos periodísticos sobre el proyecto aparece el nombre de Teresa Burelo Cortázar, exdiputada federal de Morena, identificada en esas publicaciones como consuegra de Octavio Romero Oropeza.

El hijo de la señora Burelo, exdiputada federal por Morena, Tito Livio Morales, quien fue cónsul en Nueva Orleans y la hija de Octavio Romero, Jimena Romero Lozano.

Y aquí empiezan los problemas.
Porque una relación familiar no demuestra por sí misma corrupción ni ilegalidad.

Pero cuando una operación pública multimillonaria termina relacionada con una persona cercana a quien dirige la institución responsable, la explicación deja de ser opcional.

Se vuelve obligación política.
La 4T pasó años diciéndonos que había terminado el influyentismo.
Perfecto. Que lo demuestren.

¿Quién seleccionó el terreno?

¿Octavio Romero conocía previamente la identidad de la propietaria?

¿Participó directa o indirectamente en alguna decisión relacionada con ese predio?

¿Informó de un posible conflicto de interés?

¿Se excusó formalmente?

¿Quién hizo el avalúo?

¿Había otros terrenos disponibles?

¿Quién determinó que esas aproximadamente 17 hectáreas eran la mejor alternativa?

No queremos otra conferencia.
Queremos documentos. Contrato. Anexos. Escrituras. Avalúos.
Historial registral. Dictámenes técnicos.
Estudios de mercado. Actas de autorización. Permisos municipales.
Y cualquier documento relacionado con posibles conflictos de interés.

92.7 millones de preguntas

La información difundida sobre el proyecto sostiene además que existiría un esquema relacionado con el terreno equivalente a aproximadamente 50 mil pesos por vivienda comercializada.

Si esa condición aparece efectivamente en los documentos y resulta aplicable a las 1,854 viviendas, la multiplicación es brutalmente sencilla:

1,854 × 50,000 = 92 millones 700 mil pesos.

Por eso hay que publicar el expediente completo. No para condenar anticipadamente a nadie.
Para saber quién cobra, cuánto cobra, por qué cobra y quién autorizó que cobrara.

Y todavía falta otra bomba.

Una propietaria colindante, Yadira Escalante Cuevas, ha denunciado públicamente una presunta afectación de terrenos relacionada con las obras y afirma haber acudido ante la Fiscalía de Tabasco.

Una denuncia no demuestra culpabilidad. Pero sí plantea otra pregunta gravísima:

¿Infonavit verificó los linderos, escrituras y levantamientos topográficos antes de meter maquinaria y comprometer recursos?

Y hay una última interrogante que puede ser todavía más seria:

¿El terreno tiene riesgo de inundación?

No debe afirmarse sin los estudios técnicos correspondientes.
Precisamente por eso deben hacerse públicos. Atlas de Riesgo. Estudios hidrológicos. Cotas. Antecedentes de inundaciones. Dictámenes de Protección Civil. Opiniones de Conagua.

Porque si algún día cientos de trabajadores reciben viviendas construidas sobre un terreno que presentaba un riesgo previamente conocido, entonces ya no estaremos hablando únicamente de política, parentescos o millones.

Estaremos hablando del patrimonio y la seguridad de familias mexicanas.
La Presidenta Claudia Sheinbaum tiene ahora una oportunidad.

Si realmente quiere marcar distancia con las viejas prácticas del poder, que no se conforme con ordenar a Octavio Romero abrir una declaración patrimonial.

Que ordene abrir el expediente de Huimanguillo.

Todo. Sin tachaduras convenientes.
Sin discursos. Sin videos.Sin victimización.
Octavio Romero pasó años protegido por la sombra gigantesca de Andrés Manuel López Obrador.

Hoy parece descubrir una realidad que tarde o temprano alcanza a quienes se acostumbran demasiado al poder:
cuando aparecen las preguntas difíciles, los aplausos desaparecen.
Y esta vez nadie salió a gritar:

“¡Octavio, no estás solo!”

Quizá porque en Palacio Nacional entendieron que defenderlo públicamente podría costar más que dejarlo solo.
Y quizá por eso Octavio Romero está hoy, políticamente, más solo que Rubén Rocha Moya.

Pero que quede claro:
la soledad política de Octavio no es el problema.

El problema son los 1,018 millones de pesos, las 1,854 viviendas, el terreno relacionado con su consuegra y un expediente que los trabajadores mexicanos tienen derecho a conocer completo.