Cayuco

Defraudan ahorros de ganaderos por más de 350 millones de pesos

“Una institución no quiebra
de la noche a la mañana.
Primero la saquean, después
la endeudan y finalmente
buscan a quién culpar.”

Anónimo

Primero les robaron las empresas, las instalaciones, el patrimonio y el prestigio.
Ahora les están arrebatando los ahorros de toda una vida.

La crisis de la Unión de Crédito Ganadero de Tabasco no es un “pleito interno” ni un asunto técnico que se resuelva con abogados y tecnicismos. Es un saqueo en toda regla.

Estamos hablando de 350 millones de pesos que pertenecen a alrededor de cien socios y ahorradores, la mayoría adultos mayores. Dinero que no cayó del cielo: se ganó criando ganado, sudando en el rancho y construyendo, peso a peso, un resguardo para la vejez.

Y hoy la pregunta no es retórica. Es una exigencia:
¿Dónde está ese dinero?

Antes de hablar de concurso mercantil, liquidaciones o demandas, alguien tiene que responder, cara a cara, a esas familias.

Porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó desde noviembre de 2023 la autorización de la Unión de Crédito Ganadero de Tabasco para operar.

No es un rumor. Está publicado en el Diario Oficial de la Federación. La CNBV determinó que la institución proporcionó información imprecisa o incompleta en más de una ocasión y ordenó su disolución y liquidación.

Entonces, ¿qué pasó entre 2023 y septiembre de 2026?
¿Quién manejó el dinero de los socios durante casi tres años después de la revocación?

¿Qué sabía el Consejo de Administración?
¿Qué hicieron –o dejaron de hacer– para proteger el patrimonio de quienes les confiaron sus ahorros?
¿Quién informó a cada socio de la gravedad de la situación?
¿Quién vigiló la recuperación de la cartera?
¿Cuál es, peso por peso, el patrimonio real que queda hoy?

Esas preguntas no se contestan con discursos. Se contestan con documentos.

La información que circula esta semana es brutal: cerca de cien ahorradores con aproximadamente 350 millones de pesos en juego, y el 90 por ciento son adultos mayores. Hay quienes depositaron desde 250 mil hasta más de tres millones de pesos.

Hay personas que vendieron bienes para colocar ahí su futuro y hoy no tienen ni para comprar medicamentos.
Mientras ellos sufren, aparece el fantasma del concurso mercantil.

Los afectados ya saben lo que eso significa: más dilación, más desgaste y, casi seguro, menos dinero al final. Ya esperaron demasiado. No les digan: “paciencia”.

Tampoco basta con decir que hay demandas contra deudores. Exijan los expedientes. Que se publique cuánto se prestó, cuándo se prestó, quién autorizó cada crédito, qué garantías existían, cuánto se ha recuperado y cuánto sigue siendo cobrable.

Ha empezado a circular una lista de personas y empresas con adeudos de cientos de millones. Pero una lista mencionada en una asamblea o en un video no es prueba. Cada deuda debe acreditarse con papeles.

La directiva tiene la obligación de transparentar la cartera completa: contratos, estados financieros y expedientes. Nada de rumores. Nada de versiones.

Y hay una denuncia que exige investigación inmediata. La socia Diana Calzada Sánchez declaró públicamente que en auditorías habrían aparecido créditos fondeados por FIRA a nombre de socios que aseguran nunca haberlos solicitado.

La acusación es gravísima. Debe determinarse, con documentos, si ocurrió, en cuántos casos, por qué montos y quién autorizó esas operaciones. No se trata de condenar a nadie de antemano. Se trata de no callar cuando hay 350 millones de razones para investigar.

El sector ganadero organizado de Tabasco ya carga demasiadas heridas. La Unión Ganadera Regional se declaró en quiebra en 2014 con pasivos cercanos a 600 millones de pesos.

Años después seguían los litigios, las deudas y el dolor. Resulta intolerable que otra vez las alarmas suenen y otra vez sean los socios quienes teman quedarse con las manos vacías.

Esta vez no se trata de rescatar edificios, frigoríficos, marcas ni consejos directivos. Se trata de rescatar primero el patrimonio de los ahorradores.

La directiva actual tiene una responsabilidad ineludible: abrir los libros y explicar con precisión quirúrgica qué recibió, qué encontró, qué recuperó, qué prestó, qué demandó y qué queda.

Las autoridades financieras tienen otra: explicar qué ocurrió después de la revocación de 2023 y cuál es la situación jurídica real de la sociedad.
Porque aquí hay una cronología con demasiados huecos.

2023: revocación.
2026: socios reclamando 350 millones de pesos.
Entre una fecha y otra hay una historia que Tabasco todavía no conoce. Y esa historia debe salir a la luz pública.

Antes de cualquier concurso mercantil, antes de repartir pérdidas y antes de pedirle resignación a un ganadero de 70 u 80 años, debe quedar claro quién tiene el dinero, quién debe dinero, qué bienes existen para responder y qué decisiones llevaron a este desastre.

Que nadie pretenda disfrazar una posible responsabilidad administrativa o financiera como una “mala racha”. Cuando se destruye la tranquilidad de cien familias, ya no estamos hablando de balances.
Estamos hablando de vidas.
Los ganaderos no necesitan otra promesa. Necesitan recuperar su dinero.

La piragua

Y si esos aproximadamente 350 millones de pesos ya no están disponibles para devolverlos, entonces Tabasco merece conocer, peso por peso:
dónde quedaron, quién los recibió, quién autorizó entregarlos y quién responderá por ellos.
Esa es la cuenta que apenas comienza. No dejen sola a Diana Calzada Sánchez.

Denuncias y sugerencias
[email protected]