Entregan obras de agua potable y saneamiento en Macultepec y Buena Vista
VILLAHERMOSA, Tab., 6 de julio de 2026.- Un grupo de ex-trabajadores del Ayuntamiento de Centla se manifestó a las afueras del Congreso del estado para solicitar la intervención urgente de los diputados locales. Los inconformes exigen que se obligue al presidente municipal y al Tribunal de Conciliación y Arbitraje a dar cumplimiento a tres laudos condenatorios que juntos suman una cantidad cercana a los 10 millones de pesos.

El abogado de los afectados, Luis Antonio Rodríguez señaló que la problemática es desde el 2016, cuando los despidieron injustificadamente. Tras una batalla legal de casi una década, obtuvieron resoluciones a su favor; sin embargo, denunciaron que hasta el momento las autoridades municipales se han negado tanto a la reinstalación de los empleados como al pago de sus prestaciones laborales correspondientes.
Durante la manifestación, el abogado acusó la existencia de una presunta complicidad entre el gobierno municipal y la presidencia del Tribunal Burocrático, señalando que se han realizado acciones para retrasar de manera deliberada el acatamiento de las sentencias.
"Hemos hecho hasta lo imposible por obtener una respuesta del presidente municipal de Centla y hasta este momento no ha acatado ni una sola de las resoluciones. Los laudos han sido para nosotros nada más que letra muerta", expresó con indignación ante los medios de comunicación.
De acuerdo con las declaraciones, el conflicto laboral afecta directamente a un estimado de entre 30 y 40 extrabajadores. La situación se torna más sensible debido a que muchos de los demandantes son adultos mayores y, según informaron, varios han fallecido a lo largo de estos 10 años esperando que se haga justicia.
Tras sostener una reunión con un legislador local, los manifestantes indicaron tener esperanza de que se emita un exhorto formal desde el Congreso del Estado. No obstante, advirtieron que, de no tener avances o una respuesta favorable durante esta semana, se trasladarán a la Ciudad de México para recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Palacio Nacional.