A Tabasco

Tabasco 2027: el informe del gobierno y la respuesta de la realidad

Un gobierno tiene derecho a presentar sus resultados, pero la sociedad conserva el derecho de cuestionarlos. Esa es la premisa desde la cual debe evaluarse el Segundo Informe de Gobierno del Estado de Tabasco. Un informe no puede reducirse a un ejercicio de autoelogio ni a una exposición de cifras interpretadas exclusivamente por el oficialismo. Debe demostrar qué ha cambiado, qué problemas persisten y cuáles son las responsabilidades de la administración.

El Ejecutivo estatal construyó su balance alrededor de tres conceptos: honestidad, bienestar y recuperación de la seguridad. Una narrativa que busca transmitir que Tabasco avanza; sin embargo, entre las cifras oficiales y la experiencia cotidiana de la población existe una distancia que debe examinarse. No se trata de negar los avances acreditables, sino de impedir que los anuncios y las promesas sustituyan una evaluación objetiva.

La honestidad no puede ser una consigna que el propio gobierno se otorgue. Debe reflejarse en contrataciones transparentes, decisiones justificadas y ausencia de privilegios. Cuando se convierte en bandera partidista, se corre el riesgo de confundir la crítica con una descalificación y la lealtad política con una supuesta superioridad moral.

En seguridad, las reducciones delictivas reportadas deben contrastarse con investigaciones concluidas, sentencias, seguridad, control territorial y confianza ciudadana. Menos homicidios o más detenciones no significan que la delincuencia haya perdido capacidad de operación ni que las familias hayan recuperado la tranquilidad. Después de dos años, la inseguridad también es responsabilidad del gobierno actual y no puede explicarse únicamente como herencia del pasado.

En economía, reducir la deuda e incrementar la recaudación puede ser favorable, pero no equivale a transformar el estado. Tabasco necesita diversificar su economía, generar empleos formales, mejorar salarios y fortalecer a los empresarios locales. Su riqueza agrícola, ganadera y energética exige una política productiva que convierta sus ventajas en oportunidades, no una administración resignada a depender del presupuesto público y de la actividad petrolera.

Los programas sociales son necesarios frente a las desigualdades históricas, pero el bienestar no se mide solamente por el número de beneficiarios. Se demuestra con educación, salud, empleo digno y movilidad social. Los apoyos deben garantizar derechos y abrir oportunidades, nunca convertirse en mecanismos de dependencia o legitimación partidista.

También es indispensable distinguir entre obras concluidas y proyectos anunciados. La Universidad de la Salud, el Hospital Rovirosa y las iniciativas de Villahermosa 2030 requieren presupuestos, plazos y resultados verificables. Mientras tanto, movilidad, vialidades, drenaje, inundaciones y servicios públicos siguen siendo problemas cotidianos. El futuro no puede utilizarse para aplazar las soluciones del presente.

Pero el asunto de fondo es la calidad de las instituciones. El Congreso debe ejercer su facultad de cuestionar las cifras y llamar a cuentas a los funcionarios; los órganos fiscalizadores y las autoridades electorales deben preservar su independencia. La democracia no necesita instituciones subordinadas al poder, sino contrapesos capaces de limitarlo. Confundir gobierno, partido y proyecto político debilita la pluralidad y favorece una concentración del poder incompatible con una vida democrática saludable.

Las elecciones de 2027 darán a esta evaluación una dimensión política inevitable. La disputa por las 35 diputaciones locales será también un examen al desempeño del Ejecutivo estatal. El oficialismo buscará convertir sus resultados en argumentos para conservar el predominio; la oposición tendrá que demostrar que puede ofrecer una alternativa seria, con propuestas y presencia en todo el territorio.

El gobierno del Estado está a mitad de su ejercicio y aún tiene oportunidad de corregir, fortalecer su estrategia y demostrar que su proyecto puede trascender la narrativa. Pero las explicaciones sobre el pasado no pueden sustituir las soluciones del presente.

El verdadero informe consiste en conocer qué resultados son comprobables, cuáles son sostenibles y qué problemas siguen sin respuesta. Los recursos públicos no pertenecen a quienes gobiernan y los programas sociales no son patrimonio de los partidos.

El informe más importante no está en el documento entregado al Congreso: está en las calles, las comunidades, los negocios, las familias que exigen seguridad y los municipios que esperan servicios eficientes.

El gobierno tiene sus cifras; Tabasco tiene sus pendientes. Y en 2027, los ciudadanos no tendrán que calificar la elocuencia del informe, sino el desempeño de quienes han tenido la responsabilidad de gobernar.