Carta abierta

Denuncias y bienes en Yucatán salpican a Braca y comprometen su futuro político

Jorge Bracamonte debería explicar los señalamientos que involucran ahora a su familia en la disputa por un inmueble en Mérida y en un conflicto empresarial con Sinergia Petrolera del Sureste. ¿Cuál es su posición ante estos hechos y qué está dispuesto a hacer para despejar las dudas?

Uno de los documentos difundidos en redes sociales es un acta ministerial del 31 de marzo de 2026, de la carpeta de investigación PATRIM 1258/2025, abierta en Yucatán. En ella, Omar Darío Bracamonte Hernández, hermano de Jorge, declara ante el Ministerio Público que su madre, Ana Consuelo Hernández Veites, adquirió en 2016 una propiedad ubicada en la calle 33, número 533-C, del fraccionamiento Montebello, en Mérida. Según su testimonio, en septiembre de 2025 varias personas ingresaron al inmueble y cambiaron las cerraduras, con lo que su madre habría perdido la posesión de la vivienda.

El declarante también menciona a Jesús Tabzcoob Bastar Acosta, a quien identifica como la persona que recibió dinero de su madre por la operación inmobiliaria. Refiere dos entregas en efectivo y una transferencia por un total de dos millones de pesos. 

A este asunto se suma el conflicto por Sinergia Petrolera del Sureste, empresa vinculada a una disputa entre socios por la propiedad y el control de la sociedad. En ese expediente se han mencionado presuntas irregularidades que involucran a familiares del presidente de la Jucopo.

Y bien. La posición institucional del morenista exige una respuesta concreta. Su madre preside el Voluntariado del Congreso, mientras él encabeza el órgano que concentra las principales decisiones políticas y legislativas del Poder Legislativo. Esa relación hace razonable exigir claridad.

Bracamonte debe fijar su postura, precisar qué sabe de los procedimientos y aclarar si existe algún conflicto de interés relacionado con su cargo. 

Incluso debería valorar una licencia temporal mientras avanzan las investigaciones, como una decisión voluntaria para facilitar el esclarecimiento de los hechos y proteger la confianza del Poder Legislativo. 

No está de más recordar que Braca es una de las dos cartas a la alcaldía de Centro, y que uno de los requisitos puestos por Ariadna Montiel es que los suspirantes no deben tener denuncias ni colas de anomalías. Por lo tanto, en caso de seguir guardando silencio, como si la Virgen le hablara, estará faltando a estas reglas. 

: La rúbrica 

La congruencia frente a la violencia de género también debe medirse en los partidos políticos. Un diputado local de Morena enfrenta señalamientos por una presunta agresión contra su esposa, asunto que, según la información difundida, tendría un expediente abierto en la Fiscalía. El mismo criterio merece aplicarse al alto dirigente del Verde que aspira a la Alcaldía de Centro, señalado por un episodio de violencia contra una perredista. Ambos casos obligan a las dirigencias a explicar qué procedimientos siguen y cuáles son las consecuencias en sus reglas internas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que los antecedentes de violencia de género deben impedir el acceso candidaturas… El dirigente perredista Rafael Acosta León hizo un llamado al gobernador May para revisar la estrategia de seguridad estatal tras el asesinato de una familia en la ranchería Taxco, Nacajuca, pidiendo que se mantenga en sus cargos únicamente a los funcionarios que entreguen resultados en el combate a la delincuencia y se reemplace a quienes no estén funcionando. Cuestionó además las cifras de detenidos, y mencionó como muestra del problema el cierre del restaurante Yokok´ux Sabor Ancestral en Nacajuca. Ante la masacre de la familia (donde hubo tres víctimas, entre ellas una mujer), pidió que el caso también sea investigado bajo la línea de feminicidio y atendido con perspectiva de género, por la forma vil en que fueron atacadas en su propio domicilio.