Trump después de la derrota de este martes
La salida forzada de Guadalupe Taddei del INE la ha dejado ante el descrédito público, pero no alcanzará el castigo penal. Pese a la acumulación de evidencias sobre anomalías y contratos irregulares durante su gestión, la exfuncionaria saldrá impune.
Todo indica que no habrá prisión ni confiscación de bienes; conservará sus cuentas bancarias y patrimonio, ya que juzgarla resultará políticamente contraproducente.
El expediente financiero de Taddei destaca múltiples anomalías que arrastran miles de millones de pesos. Ante este escenario, el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, calificó a Taddei como una funcionaria incompetente y frívola que incurrió en una degradación personal al manejar el instituto como su camarilla personal, advirtiendo la posibilidad de un juicio político.
Según el portal electrónico La Silla Rota, antes de su dimisión oficial hubo presuntas reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Gobernación Rosa Icela Rodríguez y la consejera jurídica Luisa María Alcalde, para forzar su renuncia bajo la amenaza de indagatorias penales del Órgano Interno de Control del INE a cargo de Víctor Hugo Cervantes, y advertencias del consejero Arturo Castillo ante la FGR. Pero ahora todo se perfila a quedar en un repliegue político.
Otra vez se confirma que la corrupción no es cuestión de género. Tampoco cabe el recurso de acusar misoginia frente a expedientes respaldados por 37 indagatorias del Órgano Interno de Control, porque victimizarse no invalida los hechos.
A todo ello, su huida a Estados Unidos facilita más no proceder en los tribunales. Taddei, contra lo que se pensaba al inicio del escándalo, puede estar tranquila.
:La rúbrica
La Auditoría Superior de la Federación ya presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General por el manejo del presupuesto de Nuevo León. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, ha sido claro: señala que se movieron más de 7 mil 200 millones de pesos de forma sospechosa. Según los reportes, 928 millones llegaron a una firma de abogados ligada al gobernador fosfo fosfo Samuel García y a su padre, a través de cuatro caminos distintos. Ramírez Cuéllar no se ha callado. En octubre de 2025 denunció en tribuna esquemas de facturas falsas. Luego impulsó un acuerdo para que se investigue a fondo, y ahora empuja una reforma para quitar el fuero y que nadie se esconda detrás de su cargo. Mientras tanto, Samuel García y su gente solo responden llamando “politiquería” a las pruebas. Qué contraste: el mismo que llegó presumiendo de limpio y transparente, hoy ve cómo le llega el agua al cuello.




