De primera mano
El 13 de noviembre, la Secretaría de Hacienda confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, devolvió a Rubén Rocha Moya el acceso a sus cuentas bancarias para cobrar tres pensiones que suman poco más de ¡1.53 millones de pesos! anuales. Las cuentas del exgobernador de Sinaloa permanecían congeladas desde mayo de este año tras las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Mientras millones de mexicanos enfrentan trabas burocráticas y recortes en la Modalidad 40 del IMSS, la CFE o Pemex por las llamadas ‘pensiones doradas’, don Rubén recupera una suma privilegiada compuesta por tres ingresos distintos: 731,647 pesos anuales por su jubilación en la Universidad Autónoma de Sinaloa, 490,626 pesos por cesantía en edad avanzada en el IMSS y 316,102 pesos por viudez en el ISSSTE.
La disparidad irrita todavía más cuando se compara con otros expedientes en manos de la misma autoridad hacendaria. La exsecretaria federal Rosario Robles recordó que sus cuentas siguen bloqueadas desde 2019, siete años sin resolución
definitiva. Por su parte, el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel mantiene la totalidad de su patrimonio inmovilizado mientras enfrenta su proceso penal.
Para Rocha, en cambio, bastaron seis meses de litigio para sortear el cerco financiero, aun cuando sobre él pesa una solicitud estadounidense de extradición desde abril de 2026.
Los defensores del fallo judicial y los especialistas en derecho administrativo sostienen un argumento técnico de peso: la Suprema Corte protege las pensiones bajo el principio constitucional de inembargabilidad y el derecho al mínimo vital, sin importar la gravedad de los cargos penales ni la existencia de una acusación extranjera sin sentencia firme. Sostienen que permitir a la UIF retener recursos de seguridad social sentaría un precedente peligroso para cualquier ciudadano.
Ese razonamiento jurídico ignora, sin embargo, la evidente selectividad institucional. El principio del mínimo vital no opera con la misma celeridad para los jubilados comunes ni para opositores políticos cuyos ahorros llevan años congelados. Además, la FGR mantiene frenada la entrega de Rocha Moya porque necesita “las pruebas”.
¿De qué sirve la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF si los tribunales administrativos la perforan a favor de los aliados? Ahora, las instituciones garantizan que Rubén Rocha Moya enfrente sus acusaciones por narcotráfico con más de millón y medio de pesos asegurados cada año.
Mientras tanto, los pensionados de a pie, que se jodan. Como decía el Peje: “Puede ser legal, pero es inmoral”.




