Cayuco

¿Quién se quedó con el dinero de los ganaderos?

“La corrupción rara vez
comienza con dinero; comienza
cuando alguien descubre que puede hacer algo indebido
sin consecuencias.”

Anónimo

Primero llegaron las denuncias. Después, los testimonios de los ahorradores. Ahora llegaron los agentes de la Fiscalía, colocaron sellos en las oficinas de la Unión de Crédito Ganadero de Tabasco y se llevaron computadoras, servidores y documentación.

El escándalo dejó de estar solamente en las declaraciones públicas.
Ahora está también en manos de los investigadores.

El pasado 6 de octubre, elementos de la Policía de Investigación y de la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Fiscalía General del Estado ingresaron a las instalaciones de la institución, ubicadas en la sede de la Unión Ganadera Regional de Tabasco.

Retiraron equipos informáticos y archivos que podrían resultar fundamentales para reconstruir las operaciones financieras de una institución sobre la que pesan graves señalamientos.

Reportes periodísticos hablan incluso del retiro de aproximadamente 150 cajas con documentación.
La pregunta obligada:

¿Qué encontrarán las autoridades en esas computadoras?

Porque detrás de los millones de pesos que reclaman los afectados existen historias de hombres y mujeres que confiaron sus ahorros a una institución que debía protegerlos.

Y muchos de ellos, adultos mayores, hoy no saben si recuperarán el patrimonio acumulado durante toda su vida.

Las revelaciones realizadas en Telereportaje y el Pentago durante la entrevista a Diana Calzada y José Alberto Sánchez, permiten dimensionar la gravedad de las denuncias.

Los afectados describieron presuntas irregularidades que deberán comprobarse: préstamos otorgados a directivos, créditos que no se recuperaban.

Deudas supuestamente condonadas, garantías liberadas y sustituidas por propiedades de menor valor e incluso vehículos adquiridos con recursos institucionales que habrían terminado en manos de particulares.

Pero quizá lo más delicado sea la concentración del poder.

Los entrevistados denunciaron que un reducido grupo habría controlado las decisiones mediante acciones y representaciones de empresas que, según sus testimonios, incluso habían dejado de operar.

Si eso se acredita, habrá que preguntarse si la institución funcionaba realmente bajo el control de sus socios o de quienes concentraban las decisiones.
Y apareció un personaje que merece especial atención.

El llamado “personaje del bastón”. ¿Quién es?

¿Por qué los denunciantes sugieren que existía alguien con influencia detrás de las decisiones formales?

¿Tenía algún cargo, participación accionaria o capacidad para intervenir en los créditos?
La Fiscalía tendrá que determinar si ese señalamiento tiene sustento.

Hay además denuncias sobre propiedades presuntamente comprometidas como garantías de créditos que sus propietarios aseguran no haber solicitado.

Si se demuestra que hubo alteración de documentos, utilización indebida de garantías o simulación de operaciones, corresponderá a las autoridades establecer las responsabilidades penales.

Los afectados hablan de más de 350 millones de pesos comprometidos. El gobernador Javier May ha hecho referencia a un quebranto de aproximadamente 286 millones.

La diferencia no es menor.
Son millones de pesos que tendrán que aclararse mediante una investigación contable y financiera.

Pero existe otra pieza importante.

El Consejo de Administración de la Unión de Crédito sostuvo que el aseguramiento de sus oficinas deriva de un litigio con un socio inversionista que reclama más de 70 millones de pesos, de los cuales habría recuperado cerca de 32 millones.

Esa explicación también deberá examinarse. Porque una controversia con un acreedor no esclarece, por sí sola, la totalidad de las denuncias sobre créditos, garantías y administración de los ahorros.

La Fiscalía tiene ahora una responsabilidad enorme.
No basta con asegurar computadoras y llevarse expedientes.
Hay que reconstruir la ruta del dinero.

Quién solicitó cada préstamo. Quién lo autorizó. Qué garantías se presentaron. Cuánto se recuperó. Quién aprobó las condonaciones, si existieron. Y quiénes resultaron beneficiados.

También será indispensable revisar las actas de las asambleas, los movimientos accionarios y las decisiones de los órganos de administración.

Porque si las irregularidades denunciadas ocurrieron durante años, habrá que esclarecer qué mecanismos de vigilancia existían y por qué no impidieron el deterioro financiero.

El gobernador Javier May pidió públicamente una investigación a fondo y reconoció que entre los afectados hay personas de la tercera edad que depositaron ahí buena parte de su patrimonio.

La petición es pertinente.

Ahora corresponde a la Fiscalía demostrar, con pruebas y resultados, hasta dónde llegan las responsabilidades.

Sin excepciones para directivos, empresarios o personajes influyentes, pero también sin condenar anticipadamente a quienes todavía no han sido encontrados responsables.

La institución fue durante décadas un referente para el sector ganadero tabasqueño. Hoy su crisis representa una dolorosa incertidumbre para quienes confiaron en ella.

Los ahorradores no necesitan otra explicación política. Necesitan saber dónde está su dinero y qué posibilidades reales existen de recuperarlo.

La piragua

El aseguramiento de las oficinas y el retiro de computadoras y documentos representan un paso importante, pero no constituyen todavía una sentencia ni garantizan la recuperación de los ahorros.

La Fiscalía tiene que establecer quién administró, quién autorizó, quién recibió los créditos y quién incumplió sus obligaciones.

Y si hubo personas que se beneficiaron ilegalmente, deberá acreditar sus responsabilidades ante los tribunales.
Porque colocar sellos en una puerta puede hacerse en unas horas.

Reconstruir años de operaciones financieras y recuperar millones de pesos será mucho más difícil.

El verdadero resultado de esta investigación no se medirá por las cajas de documentos aseguradas, sino por la verdad que pueda acreditarse y el patrimonio que logre recuperarse.

La pregunta sigue abierta:

¿Quién se quedó con el dinero de los ganaderos?

Y hay otra que tampoco puede quedar sin respuesta:

¿Quién vigilaba a quienes lo administraban?

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