Cayuco

Donald Trump: de nueva cuenta alerta sobre ataque a narcos

“El problema no es que el
enemigo te invada, el problema
son los enemigos internos y
los traidores.”

Kamaran Ihsan Salih

Donald Trump volvió a colocar sobre la mesa una de las acusaciones más delicadas que puede recibir un gobierno, que el territorio nacional está bajo el control de organizaciones criminales.

Pero esta vez agregó algo que modifica la dimensión de sus palabras. Aseguró que ya se lo dijo personalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum y advirtió que Estados Unidos todavía no ha emprendido una ofensiva total por tierra contra los cárteles.

No fue una declaración improvisada en una red social. Ocurrió ayer jueves 15 de octubre, durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca, donde el presidente estadounidense reiteró que los cárteles controlan México.

Elogió personalmente a Claudia Sheinbaum y cuestionó la capacidad de las autoridades mexicanas para combatir a esas organizaciones.

El mensaje contiene una contradicción diplomática que merece examinarse. Trump califica a la presidenta mexicana como una mujer maravillosa, pero simultáneamente pone en duda la capacidad del Estado que encabeza para enfrentar al crimen organizado.

La cortesía personal no elimina la gravedad del señalamiento institucional.
Y aquí comienza el verdadero problema.
Porque una cosa es que el mandatario estadounidense critique la estrategia mexicana de seguridad y otra, muy distinta, que construya públicamente el argumento de que su país necesita actuar donde considera que México no puede hacerlo.

Trump no está descubriendo hoy la existencia de los cárteles. Tampoco es nuevo que Washington conozca las rutas del narcotráfico, sus mecanismos financieros, las organizaciones que operan en ambos lados de la frontera y las redes internacionales que sostienen ese negocio multimillonario.

Lo novedoso es la insistencia con que vincula esos problemas a una eventual respuesta militar terrestre.
Desde enero había anunciado su intención de atacar a los cárteles por tierra. En septiembre, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, calificó a México como epicentro de la violencia de esas organizaciones y pidió recuperar el control del territorio. Ahora vuelve a la carga.

¿Estamos frente a una estrategia de presión diplomática, una advertencia militar o la preparación política de decisiones que todavía no conocemos?
Nadie debería tomar a la ligera esas posibilidades.

Pero tampoco podemos aceptar sin examen la afirmación de que los cárteles controlan todo México. Existen regiones donde la extorsión, las amenazas, el desplazamiento de comunidades y la penetración criminal de actividades económicas revelan graves problemas de autoridad.

Eso exige respuestas y pruebas concretas, no generalizaciones que puedan convertirse en justificación de una intervención extranjera.
La presidenta Sheinbaum ha sostenido que México coopera con Estados Unidos, pero sin renunciar a su soberanía.

El 12 de octubre reiteró el rechazo a intervenciones que vulneren el territorio nacional, incluso por tierra, mar o espacio aéreo.
La posición es jurídicamente comprensible.

Ningún gobierno mexicano puede aceptar que fuerzas extranjeras realicen operaciones militares unilaterales dentro del país como si nuestra frontera fuera una simple línea administrativa.

Sin embargo, defender la soberanía también obliga a demostrar que el Estado tiene capacidad para ejercerla.
No basta invocarla desde Palacio Nacional.

Hay que hacerla valer en las carreteras donde los transportistas denuncian extorsiones, en las comunidades sometidas a amenazas, en los municipios donde comerciantes pagan derecho de piso y en las regiones donde las organizaciones criminales disputan el control de actividades económicas.

La soberanía se defiende en los discursos, pero se acredita todos los días con instituciones capaces de proteger a la población.
Y en ese terreno México enfrenta preguntas incómodas.

¿Cuántas redes de protección política del crimen organizado han sido desmanteladas? ¿Cuántas estructuras financieras han sido investigadas hasta sus últimas consecuencias? ¿Qué avances verificables existen contra la extorsión? ¿Cuántos funcionarios han enfrentado procesos judiciales por colaborar con organizaciones criminales?

Son preguntas que el gobierno mexicano debe responder con información pública, investigaciones y resultados judiciales.
Pero también hay preguntas para Washington.

Si Donald Trump asegura que conoce dónde viven y operan los integrantes de los cárteles, ¿qué información ha entregado a las autoridades mexicanas? ¿Qué investigaciones conjuntas se han desarrollado? ¿Qué acciones ha emprendido Estados Unidos contra quienes lavan dinero, trafican armas o facilitan la distribución de drogas dentro de su propio territorio?

Porque el narcotráfico no es un fenómeno exclusivamente mexicano.
Tiene productores, transportistas, distribuidores, consumidores, estructuras financieras y redes de corrupción que atraviesan fronteras.

Pretender resolverlo únicamente mediante operaciones militares en México dejaría sin respuesta una parte fundamental del problema.
Hay además otro ingrediente que merece atención.

Las declaraciones de Trump ocurren mientras ambos países mantienen negociaciones comerciales complejas. El Financial Times informó recientemente que Washington ha presionado para obtener acuerdos energéticos y ha vinculado las conversaciones comerciales con las acciones mexicanas contra los cárteles.

Por eso sería ingenuo analizar la advertencia militar de manera aislada.
Seguridad, comercio, energía y relaciones diplomáticas forman parte de una negociación en la que México debe defender sus intereses sin desconocer la enorme dependencia económica que existe entre ambas naciones.

La piragua

Al final, la soberanía no puede reducirse a una disputa entre dos presidentes.
Pertenece a los mexicanos.
Y defenderla exige algo más que responderle a Donald Trump.

Exige recuperar la confianza de los ciudadanos en la autoridad, combatir las complicidades y demostrar que en México quien manda es la ley.
Porque la pregunta más incómoda no debería formularla el presidente de Estados Unidos.

Deberíamos formularla nosotros:
¿Quién manda realmente en las regiones donde el crimen organizado impone sus reglas?
Y mientras esa pregunta no tenga respuestas convincentes, las declaraciones de Trump seguirán encontrando terreno para alimentar la confrontación.

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