La agenda en red

Cuando la duda exhibe al árbitro electoral 

Hay escándalos que se explican con una conferencia de prensa. Hay otros que exigen mucho más que discursos. El que hoy envuelve al Instituto Nacional Electoral pertenece a la segunda categoría.

Durante años se nos dijo que el INE era la institución llamada a garantizar legalidad, imparcialidad y confianza. Precisamente por eso los señalamientos recientes no pueden minimizarse ni esconderse detrás de comunicados cuidadosamente redactados.

Los documentos exhibidos públicamente por investigaciones periodísticas han colocado sobre la mesa algo más grave que una simple polémica mediática: la posibilidad de que existieran relaciones incompatibles entre contrataciones públicas y personas incorporadas posteriormente a la estructura institucional. 

Y aquí aparece el verdadero problema.

No estamos hablando de una oficina cualquiera del gobierno. Estamos hablando del organismo que organiza las elecciones del país. Del árbitro.

Cuando surgen dudas sobre el árbitro, la credibilidad de todo el partido en el poder queda bajo sospecha.

La ciudadanía observa cómo aparecen documentos, contratos, nombres, relaciones y explicaciones que lejos de disipar las dudas parecen multiplicarlas. 

Mientras tanto, las respuestas institucionales siguen girando alrededor de investigaciones internas, deslindes administrativos y llamados a no politizar el tema. Es tan grande el hecho que la UIF se dice que ya está realizando las investigación pertinentes. 

Pero la exigencia ciudadana ante tanto escándalo no es política.

Es elemental.

¿Quién recibió contratos?

¿Quién autorizó esos procesos?

¿Existió o no conflicto de interés?

¿Se benefició alguien por relaciones personales o de confianza?

Son preguntas simples. Y cuando las preguntas son simples pero las respuestas son confusas, la desconfianza crece.

Resulta preocupante que una institución acostumbrada a exigir transparencia absoluta a partidos, candidatos y ciudadanos parezca ahora incómoda cuando esa misma transparencia se le exige a ella.

No puede haber una vara para medir a los demás y otra para medirse a sí mismos.

Si los documentos son falsos, que se demuestre.

Si los señalamientos son incorrectos, que se desmonten con evidencia.

Pero si hubo irregularidades, favoritismos, conflictos de intereses o corrupción, el país merece conocer toda la verdad sin excepciones ni protecciones.

Y cuando el árbitro se obliga a explicar por qué quienes estaban cerca del poder también aparecen cerca de contratos públicos, el problema ya no es mediático.

Es de falta de credibilidad.

La democracia puede sobrevivir a muchos escándalos, pero difícilmente sobrevive a la pérdida de confianza en quienes están obligados a garantizar la limpieza de las reglas. 

¿Es insostenible la permanencia en el INE de Guadalupe Taddei?

El escándalo mientras tanto ha escalado  a proporciones mayúsculas y es imparable.