Contexto
La espada de Damocles
Ariadna Montiel y Morena presentarán en los próximos días una solicitud de juicio político contra la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, por la supuesta intervención de agentes de la CIA en México.
En México, la soberanía se ha convertido en un recurso retórico que el gobierno utiliza según le conviene. Hoy, Morena acusa a la gobernadora de Chihuahua de haber permitido la intervención de agentes extranjeros en un operativo de seguridad. La exigencia de juicio político y desafuero se presenta como defensa de la Constitución, pero en realidad es un movimiento político calculado.
El control de fronteras y la autorización de agentes extranjeros es competencia exclusiva del Ejecutivo federal. Culpar a un estado por decisiones que corresponden a la Federación es un desvío de responsabilidades. Más aún cuando el propio secretario de Seguridad reconoció que la gobernadora no tenía conocimiento del operativo. La contradicción es evidente: se acusa sin pruebas claras, se condena sin transparencia.
El caso del supuesto laboratorio de metanfetaminas en la Sierra Tarahumara desnuda la opacidad oficial. Mientras la narrativa prioritaria insiste en que no hubo material confiscado, la Fiscalía General de la República ya admitió que sí existió y lo reconoció públicamente. Esa contradicción erosiona la credibilidad del gobierno y confirma que se manipula la información para sostener un relato político. Se construye un enemigo interno para movilizar a las bases, mientras se ocultan los vínculos del poder con los verdaderos grupos criminales.
La marcha convocada por Morena en Chihuahua no es un acto de justicia, sino de propaganda. Se busca desgastar a una gobernadora con respaldo ciudadano y desviar la atención de los problemas nacionales: violencia creciente, economía estancada, corrupción sin freno. La ciudadanía merece claridad, no espectáculos partidistas.
La pregunta es simple: ¿defiende Morena la soberanía o defiende su narrativa electoral? La respuesta la dará la sociedad, que no debe aceptar acusaciones sin pruebas ni juicios políticos disfrazados de patriotismo. Defender la soberanía significa exigir transparencia y rendición de cuentas, no permitir que se use como arma política contra quienes incomodan al poder.




