Ernesto Ruffo es inocente
Desde el Zócalo de la Ciudad de México, en el cierre de la gira por su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a colocar el tema de la soberanía nacional en el centro de su discurso. Rechazó cualquier injerencia extranjera, recordó que la Constitución contempla sanciones severas para quienes atenten contra la soberanía y reiteró que solamente el pueblo de México tiene derecho a decidir el destino del país.
Hasta ahí, difícilmente alguien podría estar en desacuerdo.
La soberanía es un derecho irrenunciable de cualquier nación. Ningún mexicano puede aceptar la intervención de gobiernos extranjeros ni mucho menos la violación del territorio nacional. Esa discusión debería estar fuera de debate.
Sin embargo, el problema comienza cuando la defensa de la soberanía se convierte en una herramienta política de confrontación permanente.
Las tensiones actuales con Estados Unidos no surgieron por una disputa ideológica ni por diferencias históricas. El conflicto gira alrededor del combate al narcotráfico, el tráfico de fentanilo y la creciente presión del gobierno norteamericano para que México incremente sus acciones contra los grupos criminales que operan en ambos lados de la frontera.
Frente a ello, el discurso oficial parece orientarse cada vez más hacia el rechazo y la denuncia, presentando cualquier cuestionamiento proveniente de Washington como una amenaza a la independencia nacional.
Pero la realidad es mucho más compleja.
Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Millones de empleos dependen de esa relación económica. Miles de empresas mexicanas viven del intercambio comercial con el vecino del norte.
Las remesas enviadas por millones de mexicanos radicados allá sostienen la economía de innumerables familias en nuestro país.
Por eso resulta válido preguntarse si la constante escalada verbal es la estrategia más conveniente.
La diplomacia existe precisamente para resolver diferencias sin convertirlas en conflictos mayores.
Defender la soberanía no significa cerrar los ojos a los problemas que otros países señalan.
Tampoco implica responder a cada crítica con un discurso patriótico que, aunque genere aplausos en una plaza pública, puede complicar las relaciones bilaterales.
Más preocupante aún es que, mientras se habla de intervencionismo extranjero, siguen existiendo cuestionamientos sobre la capacidad del Estado mexicano para contener a los grupos criminales que controlan regiones enteras del país. Ahí se encuentra el verdadero dilema.
Porque la mejor defensa de la soberanía no se logra con discursos. Se logra cuando el Estado ejerce plenamente su autoridad en todo el territorio nacional, cuando garantiza seguridad a los ciudadanos y cuando demuestra con resultados que no necesita la presión de nadie para cumplir con sus responsabilidades.
La soberanía debe protegerse siempre. Pero también debe ejercerse con responsabilidad. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en una consigna política que genera aplausos momentáneos, mientras el país asume costos que nadie parece dispuesto a reconocer.
La verdadera fortaleza de una nación no se mide por la dureza de sus discursos, sino por la inteligencia con la que defiende sus intereses.




