El Listón Amarillo
José Ramiro, que para cercanos y amigos es Pepín López Obrador, en su reciente comparecencia ante los diputados del Congreso local, con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, aseguró que no habrá impunidad para Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pero pareciera que no se aplicará el mismo criterio para todos aquellos que hayan actuado de manera irregular, porque a esos no les están aplicando la ley.
El famoso Pepín, al que ahora también se le conoce como el Señor de los Ranchos, dice que el gobierno de Morena está abierto al diálogo con todas las fuerzas políticas del Estado, aunque en los más de dos años que lleva al frente de la institución –que se supone debe encargarse de la política interna del Estado–, no ha establecido un acercamiento con las fuerzas políticas de oposición; ni por casualidad o por equivocación, lo ha hecho.
De la noche a la mañana, Pepín López Obrador resultó ser millonario: a través de una investigación periodística se reveló que tenía, primero 13 y después resultó que eran 15 propiedades, que se hizo de ellas en un lapso relativamente corto.
En una de sus declaraciones patrimoniales, reveló que tenía 15 ranchos y reportó ingresos por actividades ganaderas, lo que generó controversia, ya que muchas de esas propiedades fueron compradas durante el tiempo en que su hermano, Andrés Manuel López Obrador, fue presidente; la adquisición de estos ranchos se realizó entre 2019 y 2024. Se destacan dos propiedades en Chiapas, una en Salto de Agua de tres millones 375 mil pesos y la otra, de tres millones 700 mil pesos.
En lo que va de la administración, Pepín no ha aclarado cómo y de dónde sacó esos millones de pesos para la adquisición de dichas propiedades, porque lo más que se le conoce fue que del 2003-2006 fue alcalde de su natal Macuspana, que por cierto no salió muy bien librado porque se le reprobó su cuenta pública, con observaciones del Órganos Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) por casi 50 millones de pesos.
Desde hace casi 20 años a Pepín López Obrador no se le conoció haberse desempeñado en alguna actividad empresarial que le permitiera justificar la adquisición de esas propiedades.
Pero como responsable de la política interna del Estado, debería de haber intervenido en el asesinato del estudiante de la carrera de medicina veterinaria en la UJAT, Rodrigo Isidro Ricárdez, que ocurrió el pasado 14 de noviembre de 2025 en Villahermosa.
Los hechos se registraron en un retén de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), en el que se vieron involucrados varios policías estatales, a quienes el pasado octubre de este 2026 se les dictó una sentencia de 24 años de prisión.
Apenas el pasado 7 de noviembre, en un retén en que se aplicó un operativo de alcoholímetro, el joven Miguel Alejandro Ortiz denunció haber sido golpeado por policías estatales de Villahermosa, tras grabar con su celular el operativo que se realizó en la madrugada de ese día.
En ambos casos, no se vio la intervención de Pepín López Obrador, que en el primer caso del joven estudiante de la UJAT, sus familiares tuvieron que realizar marchas, plantones y movilizaciones para que se les hiciera justicia.
En cambio, en el caso del joven Miguel Alejandro Ortiz, se ha difundido que la Fiscalía General del Estado sigue realizando las investigaciones, pero hasta el momento no se ha dado a conocer cuántos elementos de la corporación están involucrados, ni mucho menos si ya fueron suspendidos de sus actividades.
Si se cumpliera lo que Pepín López Obrador ha declarado: que en Tabasco habrá cero impunidad, ya era para que se hubiera actuado en contra de los malos agentes de la corporación que golpearon al joven Miguel Alejandro Ortiz.
Se supone que la corporación y sus policías supuestamente están para proteger a los ciudadanos, pero ha sido lo contrario. Las personas tienen temor de la actuación de esos malos uniformados que actúan con toda la impunidad, sabiendo que no se les aplicará la ley.




