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Por disputas internas en INE e IEPCT aspirantes hacen de las suyas

Mientras el INE Tabasco y el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) se ahogan en conflictos internos, afuera la competencia electoral parece haberse convertido en una carrera sin árbitro. Aspirantes a candidaturas federales y estatales ensayan campañas, utilizan estructuras públicas y adelantan decisiones que la ley reserva para otro momento, con una impunidad que comienza a parecer sistemática.

El caso más evidente ocurre en Centla. El alcalde Saúl Armando Rodríguez, de origen morenista, habría utilizado a funcionarios del ayuntamiento –directores, coordinadores, secretarios y jefes de área– para difundir en redes sociales flyers que promueven su aspiración a la diputación federal por el distrito 5.

Según la denuncia del PRD, entre los señalados están el secretario del ayuntamiento, Armando Miranda; la directora de Obras Públicas, Diana Cecilia Moha; el jefe de Comunicación Social, Enrique Gómez; el titular del área del Ramo 33, Juan Carlos N., y la directora de Fomento Económico, Karla Díaz.

No se trata de una simple ambición personal, el señalamiento es que los servidores públicos habrían actuado por instrucciones del alcalde para inducir a la ciudadanía a mencionar su nombre en la llamada de la encuesta interna de Morena.

Si se comprueba, no habría una infracción aislada, sino el uso de la administración municipal como maquinaria de una precampaña.

Tenosique: la reelección anunciada

En el otro extremo de la entidad, la presidenta municipal de Tenosique, Sandra Beatriz Hernández Jiménez, del PT, habría reunido a su gabinete –según un audio-video filtrado por propios funcionarios– para “sugerirles” respaldo a su continuidad en la alcaldía. En los hechos, la reelección habría quedado decidida antes de que existieran reglas claras, encuesta, proceso interno o participación ciudadana real.

Hernández Jiménez asumió el cargo en octubre de 2024 y encabeza actualmente la presidencia municipal de Tenosique. El problema no es que una funcionaria aspire a continuar; es que, supuestamente, haya convertido a su gabinete en coro político y haya usado la estructura municipal para construir una candidatura anticipada.

La tercera escena transcurre en Macuspana. El dirigente estatal de Morena, Jesús Selván García, sostuvo este martes al mediodía una reunión con los coordinadores para la Defensa de la Transformación, la figura con la que el partido perfila a sus futuros candidatos. A ella asistieron, en horario laboral, Darwin González Ballina, coordinador de asesores del gobierno del Estado, y Antonio Rodríguez Subiaur, funcionario de la Secretaría de Gobierno y aspirante a presidir Macuspana.

La reunión se inscribe en una jornada de encuentros que Morena realiza con aspirantes municipales y distritales rumbo a las elecciones de 2027.

El secretario de Gobierno ha rechazado apoyar a Rodríguez Subiaur y sostiene que la selección de candidatos de Morena se definirá mediante encuestas. Pero la presencia de funcionarios estatales en actividades de aspirantes, en horario de trabajo, alimenta la percepción de que la línea entre gobierno, partido y competencia interna se ha borrado.

La parálisis de las autoridades electorales no es una metáfora. El IEPCT llegó al proceso 2026-2027 sin secretario ejecutivo tras la renuncia de Jorge Alberto Zavala Frías, ocurrida el 15 de septiembre después de compartir por error en su WhatsApp un video promocional de Daniel Casasús Ruz, aspirante de Morena a la alcaldía de Centro.

La consejera presidenta, Elizabeth Nava Gutiérrez, propuso en tres ocasiones a Dina María Hernández Gómez para el cargo, pero cuatro integrantes del Consejo Estatal frenaron la designación. El conflicto escaló al Tribunal Electoral de Tabasco, que el 7 de octubre concedió medidas cautelares para evitar actos que impidieran o retrasaran el ejercicio de las atribuciones de la presidenta del instituto.

El 13 de octubre, el exdiputado Gerardo Gaudiano Rovirosa formalizó una denuncia ante la Junta Local del INE contra el IEPCT, para dejar constancia de las irregularidades y de la división entre consejeros. Su queja también cuestionó que el Instituto dejó pasar diez semanas sin designar a su secretario ejecutivo. Finalmente, el Consejo aceptó votar la propuesta de Rigoberto de la O Gallegos para la Secretaría Ejecutiva.

Mientras tanto, el consejero del INE, Jorge Montaño Ventura negó intervenir o “dictar línea” en las decisiones internas del IEPCT, aunque el conflicto ya había puesto al organismo local bajo el escrutinio público.

El problema no es solamente la conducta de los aspirantes. Es la coincidencia de dos crisis: una autoridad electoral incapaz de funcionar con agilidad y una clase política que aprovecha ese vacío para ensayar campañas fuera de tiempo y con recursos que no le pertenecen.

Si un alcalde puede usar a su gabinete para promoverse, si una presidenta municipal puede anticipar su reelección ante sus colaboradores y si funcionarios estatales pueden aparecer en reuniones de aspirantes en horario laboral, el mensaje es claro: la ley electoral se percibe como una sugerencia, no como una obligación.

Tabasco no necesita más discursos sobre unidad o transformación. Necesita un IEPCT operativo, un INE atento y sanciones que lleguen a tiempo.

Nos leemos el miércoles.