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FRONTERA, Tab., 7 de octubre de 2026.- La presunta promoción de Saúl Armando Rodríguez –quien aspira a ser candidato a diputado por el quinto distrito federal– desde las estructuras del ayuntamiento de Centla exhibe una preocupante confusión entre gobierno y partido Morena.
El coordinador municipal del PRD en Centla, Diógenes Iturbide de la Cruz León exigió la separación inmediata de los funcionarios señalados, y anunció que buscará llevar el caso ante las autoridades electorales del INE.
La denuncia apunta directamente a la utilización de cargos públicos, redes institucionales y subordinados municipales para impulsar la aspiración política personal de Rodríguez a la candidatura a una diputación federal.
Entre los funcionarios señalados se encuentran Armando Miranda, secretario del ayuntamiento; Diana Cecilia Moha, directora de Obras Públicas; Enrique Gómez, jefe de Comunicación Social; Juan Carlos N., jefe del Área del Ramo 33, y Karla Díaz, directora de Fomento Económico, además de otros servidores públicos.
De acuerdo con los señalamientos difundidos, directores, coordinadores y jefes de área habrían promovido en sus redes sociales mensajes y materiales destinados a posicionar al presidente municipal en la encuesta interna de Morena.
La acusación involucra a trabajadores que dependen jerárquicamente del alcalde, lo que abre la posibilidad de presiones, uso indebido de recursos públicos o aprovechamiento de la estructura gubernamental para una competencia partidista.
El problema no se reduce a una disputa entre partidos. Cuando funcionarios en activo intervienen para promover a su jefe político, la administración pública corre el riesgo de convertirse en una maquinaria de propaganda personal.
La frontera entre la comunicación institucional y la promoción electoral se vuelve todavía más grave si las publicaciones se realizan desde áreas como Comunicación Social o mediante plataformas y recursos vinculados con el ayuntamiento.
La denuncia del perredista refiere que la convocatoria interna de Morena prohíbe la participación de personal de gobierno en actos partidistas, así como el uso de recursos públicos, la intervención de servidores públicos en favor de participantes y cualquier mecanismo que pretenda influir indebidamente en el proceso.
También se ha cuestionado que imágenes difundidas en redes del gobierno de Centla aparezcan acompañadas por la firma: “Saúl Rodríguez, presidente municipal de Centla”, una práctica que, de confirmarse en un contexto de promoción política, podría convertir la comunicación institucional en una herramienta de posicionamiento.
Diógenes Iturbide de la Cruz demandó que los funcionarios municipales señalados sean separados de sus cargos mientras se investigan los hechos, pues –indicó– no sería razonable que servidores públicos denunciados por presuntamente utilizar su posición para beneficiar a un aspirante, continúen operando las áreas desde las que pudo haberse cometido la conducta.
Corresponde a las autoridades competentes –dijo– determinar si existieron actos de coacción, desvío de recursos, uso de medios oficiales, intervención indebida en un proceso partidista o promoción personalizada.
La investigación debe incluir publicaciones, instrucciones internas, registros de redes sociales institucionales, horarios laborales, recursos empleados y posibles testimonios de trabajadores.
El coordinador perredista anunció que convocará a dirigentes partidistas de la región para unir esfuerzos y canalizar las denuncias ante las instancias electorales.




