Diputados priorizan consenso para presidencia en INE, pese a presión del PAN
VILLAHERMOSA, Tab., 19 de noviembre de 2026.- El Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco (TET) resolvió el recurso de apelación promovido por el partido Morena contra el acuerdo de la Comisión Permanente de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) que declaró improcedentes las medidas cautelares contra la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Villahermosa.
El asunto deriva de la denuncia de Morena contra Canaco-Servitur Villahermosa, su expresidenta Leidi Susana León Sánchez y uno de sus consejeros directivos, Manuel Antonio Miranda Hernández, por la presunta vulneración de la prohibición constitucional y legal de intervenir en actividades político-electorales, solicitadas dentro del proceso sancionador ordinario PSO/002/2026.
La Comisión de Denuncias y Quejas del IEPCT declaró improcedentes las medidas cautelares al considerar que no se satisficieron la “apariencia del buen derecho, el peligro en la demora, ni la proporcionalidad de la medida”.
Por su parte, Morena alegó que el árbitro electoral empleó una metodología de estudio incorrecta, que valoró de manera aislada los elementos del sumario y que el acuerdo carece de una debida motivación.
Este jueves 18 de noviembre, a propuesta del presidente del TET, Oswald Lara Borges, el Pleno aprobó por unanimidad confirmar el acuerdo impugnado. En su ponencia, el magistrado calificó los motivos de disenso como infundados e inoperantes:
En primer lugar, sobre la metodología de estudio y la reserva probatoria, indicó que la autoridad actuó “con apego a derecho al reservar para la resolución de fondo el alcance de tres actas de inspección ocular y de una escritura pública”, pues esos instrumentos documentaron eventos privados o transmisiones alojadas en plataformas ajenas a la cámara empresarial, respecto de las cuales no se solicitó medida cautelar.
En segundo lugar, sobre la supuesta valoración fragmentada del contexto y de los informes rendidos por el Partido Verde Ecologista de México, “no se analizaron de manera aislada, sino como elementos de contexto que permitieron constatar la inexistencia de procedimientos internos o registros de precandidaturas al momento de resolver”.

En tercer lugar, respecto de la apariencia del buen derecho y el análisis de los mensajes, expuso que, de las publicaciones disponibles “se advierten críticas, opiniones y posturas vertidas sobre asuntos de interés público en el marco del debate político, sin que se acreditara que tales expresiones se emitieran en representación institucional de la Canaco-Servytur o viciaran la equidad en la contienda”. Agregó que, al no existir evidencia de un daño grave e inminente, “deben prevalecer las libertades constitucionales de expresión e información”.
En cuarto lugar, también consideró infundado el motivo de disenso sobre el peligro en la demora y la tutela preventiva, ya que “el acceso a los contenidos requería una búsqueda activa por parte de la ciudadanía, no se utilizó publicidad pagada, las publicaciones tenían más de cuatro meses de antigüedad al dictarse el acuerdo y no existía indicio alguno de repetición inminente, máxime que la expresidenta del gremio se encontraba separada del cargo”.
Lara Borges concluyó que el análisis integral del expediente demuestra que la Comisión Permanente de Denuncias y Quejas del IEPCT actuó en estricto apego al principio de legalidad y que la improcedencia de las medidas cautelares no obedeció a un examen superficial, sino por el incumplimiento con los presupuestos procesales para su adopción.

Sentenció que las medidas cautelares no constituyen un mecanismo de sanción ni de censura previa, por lo que en todo momento se debe “tutelar de forma prioritaria el debate democrático y el libre flujo de ideas”.




