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VILLAHERMOSA, Tab., 30 de octubre de 2026.- Tras cuatro años de un intenso litigio administrativo y judicial que inició con la falla en la impresión de casi 800 mil boletas en las elecciones de 2021, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) aprobó este viernes la reinstalación de Blanca Eni Moreno Roa como Directora Ejecutiva de Organización Electoral y Educación Cívica.
En una sesión extraordinaria efectuada de manera exprés y urgente por mandato de las autoridades jurisdiccionales, el Consejo Estatal avaló el acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva que ordena devolverle formalmente su cargo a la funcionaria a partir del próximo 2 de noviembre, dando cumplimiento final a las sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito.
La consejera presidenta del instituto, Elizabeth Nava Gutiérrez, explicó que el órgano electoral asumió la resolución con responsabilidad institucional, dejando en claro que las órdenes judiciales se cumplen de forma inmediata. “En congruencia con nuestros principios, informamos a la opinión pública que este órgano electoral acata de manera inmediata, madura y plena el mandato judicial”, sostuvo la presidenta del organismo durante el mensaje emitido a la ciudadanía.
El conflicto original se remonta al proceso electoral de 2021, cuando la detección de errores de lo que se calcula fueron 761 mil 589 boletas electorales, derivó en una investigación de la Contraloría Interna del instituto, instancia que responsabilizó a Moreno Roa y decretó su destitución en septiembre de 2022. Tras impugnar la sanción en tribunales durante cuatro años, la justicia federal determinó la nulidad de su despido, ordenando su restitución inmediata.
Sobre la reincorporación de Blanca Eni Moreno Roa a la logística del actual proceso electoral 2026-2027, Elizabeth Nava Gutiérrez confirmó que la funcionaria participará nuevamente en las tareas de organización de las votaciones y la impresión de boletas. Sin embargo, la presidenta enfatizó que el instituto aprendió de las fallas del pasado y que actualmente existen estrictos controles de calidad que impiden que los errores se repitan.
“Yo les puedo garantizar que para este proceso electoral ese no es un tema; no recae la supervisión solamente en una persona”, garantizó Nava Gutiérrez, detallando que la revisión de la papelería electoral ahora involucra a todo el equipo técnico de la dirección, al Consejo Estatal y a los propios partidos políticos mediante un manual de supervisión directa en los talleres de impresión. Respecto a Ricardo Araiza González, quien cubría el área, la presidenta comentó que tras sostener una plática, el funcionario manifestó su intención de dejar el instituto, concluyendo su encargo el primero de noviembre.
Pagará IEPCT sueldos caídos con ampliación presupuestal
Por su parte, el consejero electoral Vladimir Hernández Venegas abordó el tema del pago de los sueldos que la funcionaria dejó de cobrar durante los cuatro años que duró el juicio. El consejero aclaró que el monto total aún no se ha fijado, pues primero se realizará un cálculo entre el instituto y la afectada para que el tribunal determine la suma definitiva.
Hernández Venegas precisó que el presupuesto ordinario del instituto no cuenta con dinero guardado para este tipo de fallos judiciales, por lo que una vez que el juzgador ordene la cantidad final, acudirán al gobierno estatal para solicitar el dinero. “Obviamente es algo que no está contemplado, Finanzas nos da exclusivamente los gastos para el capítulo mil para la nómina que tenemos, entonces sí será necesario que se nos provean de los recursos necesarios para enfrentar ese pago”, explicó el consejero.
Finalmente, Vladimir Hernández Venegas recordó que el Consejo Estatal no fue el que despidió a la funcionaria en 2022, sino la Contraloría Interna del propio instituto, por lo que los consejeros simplemente acatan la orden que llegó de los tribunales. “Quien sancionó a la ciudadana fue la contraloría, porque es la que tiene la facultad conforme a la ley general de los servidores públicos; a nosotros solo nos llega la resolución para cumplir con la sentencia”, concluyó el funcionario electoral.