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VILLAHERMOSA, Tab., 6 de noviembre de 2026.- Integrantes de la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el Décimo Circuito, con sede en Tabasco, anunciaron un paro indefinido, así como el cierre de las sedes jurisdiccionales en la entidad, tras rechazar el acuerdo general publicado este 5 de noviembre por el Órgano de Administración Judicial, el cual establece un nuevo régimen de evaluación del desempeño para el personal de carrera judicial.

El secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito en Villahermosa, Lázaro Quevedo de la Cruz confirmó la suspensión de actividades en los inmuebles claves como el Juzgado Quinto de Distrito y el Centro de Justicia Penal Federal ubicado en la zona de Macroplaza, entre otras oficinas operativas de la capital tabasqueña.
Ante esta medida drástica, la representación laboral puntualizó que el cierre no significa que la ciudadanía quede en estado de indefensión, ya que la Ley de Amparo prevé que las solicitudes y promociones de carácter urgente pueden ser recibidas y tramitadas de manera oportuna por los órganos competentes.
Durante la lectura del pronunciamiento de los trabajadores, Quevedo de la Cruz dio voz al rechazo de la plantilla laboral frente a las nuevas disposiciones administrativas.
“Nuestra inconformidad no es con la profesionalización ni con la mejora del servicio de justicia. Lo que rechazamos es la imposición de mecanismos que, bajo esos argumentos, introduzcan nuevas exigencias para la permanencia en el empleo y generen incertidumbre sobre la estabilidad laboral de quienes, con preparación, experiencia y compromiso, hemos desempeñado nuestras funciones en el Poder Judicial de la Federación”.

Asimismo, el secretario expuso que las medidas contravienen los acuerdos previamente logrados en la legislación constitucional: “El artículo Décimo Transitorio del Decreto de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, publicado el 15 de septiembre de 2024, dispone que los derechos laborales de las personas trabajadoras serán respetados en su totalidad”.
Enfatizó que las exigencias del nuevo esquema se concentran de manera inequitativa en el personal subordinado, sin valorar la responsabilidad de las áreas administrativas en la distribución de recursos y cargas de trabajo. Por tal motivo, los manifestantes hicieron una exigencia formal ante las autoridades nacionales.

“En consecuencia, demandamos al Órgano de Administración Judicial la abrogación del Acuerdo General y la suspensión de su implementación, así como la apertura inmediata de un diálogo formal con la representación de las personas trabajadoras”.
La base trabajadora del Décimo Circuito hizo un llamado a la unidad nacional para sostener la postura laboral.
“Convocamos a las compañeras y compañeros de los 32 circuitos judiciales a mantenerse informados, organizados y unidos. La defensa de nuestros derechos exige participación, solidaridad y firmeza”.




