Denuncia amenazas a políticos corresponden a la FGET: IEPCT

VILLAHERMOSA, Tab., 30 de septiembre de 2026.- El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) no tiene facultades para recibir e investigar denuncias relacionadas con amenazas contra actores políticos, precisó la consejera presidenta del organismo, Elizabeth Nava Gutiérrez.

La aclaración surge luego de que la dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Tabasco, Kathia María Bolio Pinelo denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) haber recibido llamadas intimidatorias y mensajes de extorsión —presuntamente adjudicados a un grupo delictivo— tras emitir críticas hacia la administración estatal y señalar directamente a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés y José Ramón López Beltrán.

La titular del órgano electoral local explicó que la instancia encargada de atender, investigar y dar seguimiento a amenazas es la Fiscalía General del Estado (FGE).

Nava Gutiérrez recordó que, cuando se han presentado situaciones de esta índole durante procesos electorales o en candidaturas, el IEPCT procede a canalizar de inmediato a las personas afectadas ante la autoridad ministerial correspondiente, al ser la única facultada para otorgar esquemas de protección e iniciar carpetas de investigación.

“Nosotros no somos autoridades que puedan brindar la protección y hablar de los temas de seguridad”, enfatizó la presidenta del instituto, remarcando que el papel del organismo electoral se enfoca en el ámbito administrativo y logístico de las contiendas democráticas.

Detalló que el IEPCT mantiene convenios de colaboración con las instituciones de seguridad y procuración de justicia para garantizar una comunicación eficaz cuando se requiera canalizar algún caso de riesgo. “Ellos son quienes atienden este tema”, concluyó.

El suceso ha encendido las alarmas entre diversas fuerzas políticas locales de cara al proceso electoral de 2027, generando posicionamientos de solidaridad por parte de dirigentes del PRI y el PT, quienes coincidieron en que la coacción y la intimidación vulneran la libertad de expresión, la integridad de los actores políticos y la estabilidad democrática en la entidad.