Reportan 152 mil detecciones de hepatitis C entre 2021 y 2026
VILLAHERMOSA, Tab., 19 de noviembre de 2026.- Ante cuestionamientos formulados en el pleno de la diputada de Morena Diana Eugenia Gordillo , sobre señalamientos difundidos en medios periodísticos respecto a la adjudicación de contratos sin licitación, el secretario de salud Alejandro Antonio Calderón Alipi compareciente defendió las decisiones tomadas al cierre de 2024 y aseguró que se apegaron a la legalidad y a criterios de urgencia.
Durante su intervención en tribuna, el funcionario explicó que las adjudicaciones directas realizadas al término de 2024 respondieron a situaciones de emergencia sanitaria y a la necesidad de garantizar la continuidad de servicios esenciales que, según señaló, la administración anterior dejó cubiertos únicamente hasta el 31 de diciembre incluyendo esquemas como vigilancia, dentro de lo referido respecto al convenio con Interstar, con el fin de proteger la operación de unidades médicas y el resguardo de instalaciones estratégicas.
En materia de salud pública, detalló que en el combate al dengue se encontró un desabasto de insecticidas pese a los recursos ejercidos previamente, en medio de un escenario epidemiológico crítico con más de 3,303 casos observados y 13 defunciones.
El secretario sostuvo que los procedimientos se sustentaron en las excepciones de urgencias previstas en la ley de adquisiciones, acompañados de estudios comparativos de tres cotizaciones para buscar las mejores condiciones económicas para el estado, y que la información fue publicada en la plataforma Compras MX. Negó que haya existido favoritismo y afirmó que las medidas buscaron atender emergencias y proteger la salud de la población.
Asimismo, indicó que para 2025 y 2026, mediante una planeación presupuestal ordenada, dichos servicios se contrataron a través de licitaciones públicas, en las que resultaron adjudicadas otras empresas. Finalmente, reiteró que toda contratación debe contar con expedientes, procedimientos y documentación verificable, bajo un compromiso de legalidad, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos destinados a la salud de las familias tabasqueñas.




