Presenta Gobierno de Tabasco estrategia integral ante temporada de lluvias 2026
VILLAHERMOSA, Tab., 18 de agosto de 2026.- Tras acusar que el sector industrial dedicado a la actividad petrolera encabezado por Petróleos Mexicanos (Pemex) goza de impunidad institucional, el asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), Efraín Rodríguez, informó que en lo que va de 2026 existen al menos 10 denuncias formales contra la empresa productiva del Estado por diversas afectaciones comunitarias, principalmente en los municipios de Cunduacán, Centla, Comalcalco y Paraíso.
El abogado señaló que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) omite sus funciones regulatorias y desacredita sistemáticamente las quejas presentadas por los pobladores, imponiendo trabas administrativas para dejarlas sin procedentes de manera arbitraria.
"Las instituciones de gobierno que fueron creadas para recibir quejas en contra de Pemex o de alguna empresa dedicada a la actividad petrolera no están cumpliendo. No integran, no resuelven en favor de los ciudadanos", aseveró.
Asimismo, Rodríguez acusó que la dependencia federal actúa como un esquema de blindaje para las corporaciones del ramo, violando los principios establecidos en la legislación ambiental vigente que la obligan a actuar incluso sin requerimientos burocráticos exhaustivos.
"La ASEA debería de resolver todo lo que tiene que ver con contaminación ambiental con la actividad petrolera. Este organismo no resuelve nada, a pesar de que se rige con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual la obliga a iniciar investigaciones de oficio, e incluso basta una llamada telefónica para que inicien las investigaciones y no lo hace", recriminó.
Finalmente, el representante legal del Codehutab lamentó que los mecanismos institucionales desactiven el derecho a la denuncia ciudadana mediante criterios desproporcionados para desechar los expedientes.
"Le ponen al ciudadano un sinfín de candados a su escrito de denuncia popular para que sea improcedente. Cuando la ley los obliga a que basta con que tengan conocimiento de que en algún lugar está sucediendo algo para que ellos actúen, pero no, aunque el ciudadano se esmere en elaborar sus escritos, se los rebotan", concluyó.