Llegan presuntos encapuchados a la Prepa 1 UNAM en Xochimilco
VILLAHERMOSA, Tab., 8 de octubre de 2026.- Un grupo de ciudadanos acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) Tabasco para exigir la intervención de las autoridades e iniciar una demanda colectiva en contra del grupo desarrollador DPEC, por presunto fraude e incumplimiento de contrato en la venta de terrenos.
Daniela García Rodríguez, una de las afectadas y representante del grupo de inconformes, declaró que al menos 100 familias adquirieron predios a través de dicho grupo desarrollador bajo contratos de promesa de compraventa. Sin embargo, al intentar escriturar sus propiedades, descubrieron que los terrenos se encontraban gravados, imposibilitando la formalización del trámite.
Ante esta situación, varios compradores optaron por firmar contratos de rescisión, en los cuales la desarrolladora se comprometió a reembolsar la totalidad de los montos pagados en un plazo máximo de 90 días hábiles.

De acuerdo con García Rodríguez, en su caso el convenio de rescisión se firmó desde noviembre del año pasado, sumando ya cerca de un año sin que hayan recibido pago alguno ni adelantos que garanticen el compromiso de la empresa. Otros afectados llevan más de dos años en espera de la devolución de sus recursos.
"Hemos sido pacientes y diplomáticos, aceptando sus términos y plazos adicionales de 15 a 90 días hábiles, pero solo nos siguen dando largas. Nuestra paciencia se agotó y su palabra ya no tiene valor para nosotros", expresó la afectada.
Los montos involucrados varían según la propiedad; en el caso de la denunciante la cifra asciende a $168,000 pesos, mientras que otros compradores invirtieron montos superiores a los $200,000 pesos.
Los inconformes explicaron que la empresa, cuyas oficinas se ubican sobre la avenida Quintín Arauz cerca de Home Depot, tiene como representante legal a Emilio Pérez Castillo. No obstante, señalaron que este no ha dado la cara directamente y ha evadido las reuniones enviando únicamente a sus abogados, administradores o secretarias.

Tras ser atendidos por personal de la Fiscalía General del Estado, a los afectados se les solicitaron diversos requisitos para integrar expediente e iniciar formalmente una carpeta de investigación mediante una demanda colectiva por incumplimiento de contrato y fraude.
Las familias afectadas manifestaron que continuarán con las movilizaciones y acciones legales necesarias hasta lograr la restitución total de sus patrimonios.