Urgen arquitectos a mitigar riesgos de megaproyecto de vivienda en Río Viejo
VILLAHERMOSA, Tab., 14 de julio de 2026.- El vicepresidente de Servicios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Villahermosa, Cristian Emanuel Jerónimo Álvarez, acusó que el Gobierno del Estado está intentando construir una narrativa mediática falsa para culpar a los locatarios de La Antojería Food Park y justificar el desalojo del que fueron objeto el pasado fin de semana. El líder empresarial sostuvo que la administración actual pretende hacer creer a la opinión pública que los comerciantes operaban de forma ilegal, cuando en realidad cuentan con derechos adquiridos.
Jerónimo Álvarez recordó que la instalación del corredor gastronómico fue formalmente autorizada en su momento por el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco (Injudet), justamente bajo la administración de Sheila Guadalupe Cadena Nieto, quien hoy se desempeña como secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades).
“El gobierno está tratando de hacer una narrativa, de que los que están mal son los que estaban ahí. Ya fue exhibido que la actual secretaria de la Semades, en aquel momento que estaba al frente del Injudet, dio los permisos necesarios. La ley señala que los contratos de arrendamiento, al no renovarse, automáticamente se van renovando en la temporalidad”, explicó el vicepresidente, argumentando que jurídicamente el espacio no estaba invadido de manera irregular.
Bajo este sustento legal, la representación de la Canaco Villahermosa sentenció de forma contundente que la irrupción de las fuerzas de seguridad pública para desmantelar los negocios constituyó un atropello directo a las garantías individuales de los emprendedores locales: el Gobierno del Estado está violentando los derechos de los afectados, recalcó.
Por otra parte, Jerónimo Álvarez sembró dudas sobre el verdadero trasfondo del desalojo exprés de este predio, ligándolo directamente con las obras del megaproyecto de infraestructura que la administración estatal pretende edificar en la zona. Manifestó que causa una profunda preocupación que las autoridades hayan declarado repentinamente como desierta la licitación pública para la construcción del nuevo Centro de Convenciones.
“Eso es lo preocupante, lo que hay detrás de la licitación”, advirtió el directivo empresarial, explicando que al declararse un concurso desierto, el marco legal abre la puerta para que el gobierno otorgue contratos de manera discrecional mediante una adjudicación directa, lo que levanta alertas sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a dicha obra.