Licitación de Villahermosa 2030 tuvo base costosa y plazos exprés: CMIC

VILLAHERMOSA, Tab., 3 de julio de 2026.- El proceso de licitación del megaproyecto Villahermosa 2030 vuelve a levantar suspicacias entre el sector constructor de la entidad. Las condiciones bajo las cuales la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) emitió la convocatoria terminaron por configurar un escenario donde las empresas locales se vieron materialmente imposibilitadas para competir, dejando el camino libre a un único participante extranjero, señaló Carlos Villegas Adriano, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Tabasco.

El líder del sector de la construcción reconoció que el desarrollo de este concurso despierta algunas dudas dentro del gremio formal, apuntando de manera incisiva hacia las características que rodearon la convocatoria institucional.

“Hay cosas que nos llaman la atención, como que nada más fue la única que licitó, el tiempo de entrega de los paquetes. Pero bueno, todo está dentro de la normatividad de la obra pública y dentro de las bases que la misma secretaría emitió”, soltó con cautela el líder empresarial.

La postura del sector privado responde de forma indirecta a los recientes señalamientos del gobernador Javier May Rodríguez, quien criticó públicamente a los constructores locales afirmando que se quejan pero no participan, luego de ventilar que la firma de origen portugués Mota-Engil fue la única empresa que presentó una propuesta y, por ende, se adjudicó la magna obra.

Sin embargo, detrás de la aparente apatía local existieron barreras económicas y de tiempo que funcionaron como un filtro restrictivo. Villegas Adriano desglosó que el costo de inicio para poder conocer los requerimientos era de 50 mil pesos, una cifra alta para el mercado, sumado a un plazo sumamente recortado que hacía inviable estructurar un proyecto ejecutivo serio y solvente con los estándares exigidos, lo que provocaría que las empresas, al saberse imposible de cumplir el plazo, se abstuvieran de participar.

“Todo mundo podía entrar a las bases, pero de entrada tenían un costo de 50 mil pesos y la presentación de la propuesta era un tiempo reducido. Entonces yo creo que por esas características muchas personas decidieron mejor no participar porque sabían que no iban a poder cumplir con el tiempo de entrega”, argumentó, descartando que las constructoras del estado carezcan de la solvencia técnica o financiera.

La duda también abarca el esquema del contrato, que de manera inusual abarca tanto la ejecución de obra civil como la proveeduría y adquisición de autobuses para el sistema de transporte urbano. El presidente de la CMIC admitió que esta combinación llama fuertemente la atención del sector, pero explicó que el andamiaje legal fue modificado meticulosamente de forma previa, por lo que no incurrió en ninguna ilegalidad. A finales del año pasado, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Obras Públicas que abrieron la puerta a que las constructoras puedan facturar también conceptos de adquisiciones gubernamentales dentro de los mismos proyectos.

Ante lo que consideran una legislación que deja en desventaja al empresariado tabasqueño frente a consorcios multinacionales, Villegas Adriano adelantó que la CMIC, en alianza con diversos colegios de arquitectos de la región, ya prepara una propuesta de contrarreforma legal. El bloque técnico buscará homologar la ley local con los marcos jurídicos de otras entidades federativas, los cuales blindan y priorizan de manera estricta la asignación de contratos hacia las empresas locales para garantizar que el presupuesto público permanezca en la economía del estado.