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• La Corte firma la sentencia de la República

Hoy la justicia mexicana está convertida en un tribunal de bajo nivel. Y lo más grave es que todos lo vemos: el deterioro es evidente cuando comparamos lo que había antes con lo que tenemos ahora.

Los llamados jueces del Tribunal Superior de Justicia, elegidos con acordeones y no por capacidad, resultaron un fiasco total. Sus resoluciones públicas exhiben una ignorancia jurídica alarmante. Y para rematar, el tribunal opera muy alineado y a la orden del gobierno, no a la Constitución. 

Esa subordinación pulveriza la seguridad jurídica y ha sembrado un miedo real en millones de ciudadanos sobre lo que nos espera. La inversión extranjera no solo duda: huye de un país donde las decisiones dejaron de basarse en derecho y se dictan por obediencia política. México ya no ofrece garantías, ofrece sumisión.

Si duda, aquí le dejo lo último hecho por la Corte: El pasado 6 de abril de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, declaró constitucional el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. A partir de ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa, solo con “indicios suficientes” de posibles vínculos con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

La ilegal Corte lo llamó “medida administrativa preventiva”… En la realidad, es un arma de control político y financiero de primer nivel. 

Quien entra en la Lista de Personas Bloqueadas cae en una trampa financiera total y devastadora:

• Sin cuentas bancarias
• Sin poder recibir pagos formales
• Sin operar en el mercado laboral legal
• Sin cumplir contratos, pagar impuestos ni sostener su vida económica

Criticar al gobierno hoy, disentir públicamente, investigarlo o simplemente caer en su lupa ahora puede significar desaparecer financieramente del país en cuestión de horas, antes de cualquier proceso penal, sin sentencia y sin juez. No te declaran culpable. No hace falta. Te congelan la vida primero y te dan “derecho de audiencia” después. El daño ya está hecho.

El costo social de tener una justicia debilitada es inmenso. Un país sin jueces capaces y sin independencia judicial es un país sin defensa, sin garantías y sin futuro. Y ahora, además, es un país donde la Corte ha entregado al Ejecutivo la facultad de destruir vidas económicas sin juicio previo. Eso es exactamente lo que estamos empezando a vivir.

Creo que ha llegado la hora de preocuparse porque las garantías individuales han sido tocadas. El daño ya está hecho. Es irreversible. ¿Qué más necesitamos para actuar?