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VILLAHERMOSA, Tab., 3 de junio de 2026.— Ante los problemas de inseguridad que se presentan en algunas iglesias de la entidad, como el robo a sus instalaciones, la presidenta de la Asociación Evangeliástica de Pastores Unidos de Tabasco, Norma Hernández Cornelio, hizo un llamado a las autoridades estatales para incrementar la vigilancia por parte de los agentes de seguridad.
Esta petición surge en un momento donde la delincuencia en los recintos religiosos evidencia que las herramientas tecnológicas, por sí solas, resultan insuficientes si no van acompañadas de un despliegue operativo real en las calles.
"Creo que nos falta un poco más de apoyo, de vigilancia, de resguardo hacia nuestras iglesias", afirmó la líder de esta organización, perteneciente a las Asociaciones Evangélicas de Tabasco (Asetab) —instancia que trabaja los asuntos religiosos a nivel estatal—. Además reconoció las acciones que se han implementado previamente en la entidad, señalando textualmente: “Nos consta el arduo trabajo que ha venido haciendo el gobierno del estado y el compromiso que ha tenido con las diferentes iglesias”.
Sin embargo, remarcó que ante los incidentes actuales, resulta indispensable que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) garantice la presencia física de patrullas para resguardar los centros de culto.
Este pronunciamiento por una mayor presencia policial coincide con la controversia generada días atrás, cuando agentes uniformados de la corporación FRIT-Olmeca, acompañados por la Guardia Nacional, irrumpieron el pasado 27 de mayo en el templo de la Iglesia Presbiteriana Nueva Jerusalén, ubicado en la calle José María Morelos y Pavón de la colonia Centro de Villahermosa, para desmantelar dos cámaras de seguridad. Dicha acción se ejecutó bajo el operativo Halcón Ciego, justificando en un boletín oficial que los dispositivos eran utilizados de manera irregular para actividades ilícitas.
En respuesta, la comunidad presbiteriana convocó a una rueda de prensa donde desmintió rotundamente el comunicado de la SSPC. El asesor jurídico de la iglesia exhibió un oficio de la Fiscalía General del Estado fechado el 13 de octubre de 2025 para demostrar que las cámaras tenían diez años operando y, lejos de ser ilícitas, servían regularmente como evidencia para las propias autoridades en la investigación de delitos. Asimismo, los líderes religiosos denunciaron que el desmantelamiento se realizó sin presentar una orden judicial, por lo que exigieron una disculpa pública ante las difamaciones en redes sociales.
Al respecto, la presidenta de la asociación de pastores de la Asetab admitió ignorar las causas particulares por las que sucedió el desmantelamiento de los dispositivos y consideró que es el primer caso de esta naturaleza que se registra en el estado. No obstante, Hernández Cornelio defendió que la colocación de cámaras de videovigilancia es una medida pertinente para el resguardo de la seguridad en los templos, manifestando sobre el proceder de la corporación: “Creo que hubo una mala administración al quitar algo que no les competía hacerlo, al menos sin una orden”.
Finalmente, la representante de la Asetab confió en que las iglesias de la entidad se encuentran debidamente documentadas y operan dentro del marco legal. Reiteró que, frente al panorama de robos que vulnera a las casas de oración, es fundamental que las autoridades correspondientes atiendan el llamado y mantengan una vigilancia constante para brindar una protección efectiva a las comunidades de fe.




