De Primera Mano

La prueba de fuego de la Fiscalía

Una Fiscalía se pone a prueba de verdad cuando las investigaciones llegan a quienes portan placa, uniforme o credencial de la propia institución o de otra corporación. Ahí se ve si la ley es igual para todos o si todavía hay intocables.

En los últimos meses, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) ha abierto dos expedientes que van justo por ese camino.

El primero es el del universitario Rodrigo Isidro Ricárdez, quien murió después de pasar por un retén de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la colonia Tierra Colorada. 

La FGET ya presentó ante un juez a cuatro policías estatales acusados de homicidio. Ahora será el proceso penal el que determine si son responsables.

El segundo caso salió a la luz esta semana. La Fiscalía informó que investiga a servidores públicos por la desaparición del joven chiapaneco José Alfredo Custodio Cabañas.

De acuerdo con la denuncia de su familia, José Alfredo fue detenido por policías estatales el 9 de junio de 2024 en Cunduacán, según les dijo un funcionario de la Fiscalía de Chiapas en el municipio de Reforma.

Desde entonces no se volvió a saber de él. Sus familiares aseguran que dos presuntos funcionarios de la propia Fiscalía en Cunduacán les exigieron 127 mil pesos a cambio de entregárselo.        

Dicen que juntaron el dinero, lo pagaron y nunca más volvieron a ver al muchacho. Después se enteraron de que los documentos que les mostraron eran falsos.

Ante esa acusación, la FGET abrió una investigación a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para aclarar lo sucedido.

 Los dos expedientes están todavía en pañales. No hay culpables declarados ni sentencias firmes, pero las investigaciones están en marcha.

Sin embargo, estos casos permiten comparar con lo que ocurría antes. En administraciones pasadas era raro que una investigación penal avanzara contra policías estatales o contra funcionarios de la propia Fiscalía. 

Había denuncias y señalamientos, sí, pero muy pocas veces se traducía en acciones concretas.

Por eso hay que seguir de cerca cómo evolucionan estos dos expedientes. No tanto por el ruido político que puedan armar, sino porque son una buena forma de medir el tamaño real de la institución, y si las investigaciones llegan hasta donde tengan que llegar, sin importar cargos ni corporaciones, la Fiscalía estará mandando una señal muy distinta a la que durante años dominó en Tabasco.

La confianza en una institución de justicia no se gana con palabras, sino  cuando demuestra con hechos que puede investigar con el mismo rigor tanto a los delincuentes de siempre como a quienes trabajan dentro del propio gobierno.