Cayuco

Si no era refinería... ¿entonces qué era?

“La impunidad es la peor forma de corrupción, porque convierte el delito en una invitación para repetirlo.”

La versión oficial intenta apagar el incendio con un simple cambio de nombre. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el complejo asegurado por la Guardia Nacional, cerca de la refinería de Cadereyta, Nuevo León, no era una refinería clandestina, sino una planta para procesar combustibles.

La diferencia semántica resulta irrelevante frente a una pregunta de sentido común: si esa instalación tenía capacidad para procesar miles de barriles diarios de hidrocarburos, ¿cómo pudo operar sin que ninguna autoridad la detectara durante tanto tiempo?

De acuerdo con lo publicado por Código Magenta, la planta refinaba alrededor de 10 mil barriles diarios. El mismo medio señaló presuntos vínculos de la operación con Fernando Bilbao Arrieta, yerno de la exsecretaria de Energía, Rocío Nahle, además de mencionar el nombre de Andy López Beltrán. Hasta el momento, esos señalamientos no han sido acreditados judicialmente y los involucrados tienen derecho a la presunción de inocencia.

Lo que sí constituye un hecho es que el complejo fue asegurado. Lo que también es un hecho es que comenzó a ser desmantelado. Y lo más grave: no se ha informado de una sola persona detenida.

La Fiscalía General de la República anunció una investigación. Sin embargo, la sociedad desconoce contra quiénes se dirige, cuál es la línea principal de investigación, quiénes son los responsables de la operación y qué funcionarios pudieron haber permitido que una instalación de semejante dimensión funcionara prácticamente a la vista de todos.

Ahí comienza el verdadero problema.

Cuando un ciudadano común comete un delito, la autoridad presume eficacia y rapidez. Pero cuando aparecen nombres cercanos al poder, todo cambia: llegan el silencio, la opacidad, las filtraciones controladas y los expedientes interminables.

La justicia deja de ser pareja para convertirse en selectiva.

Si una planta con esa capacidad operó durante meses o años, resulta difícil creer que nadie en los tres órdenes de gobierno lo supiera. Una instalación de ese tamaño requiere suministro, transporte, almacenamiento, personal, logística y movimiento constante de combustibles. No desaparece de los radares por accidente.

La pregunta ya no es únicamente quién operaba la planta. La pregunta es quién la protegía.

En otros casos, la narrativa oficial ha sido inmediata y contundente. Aquí, en cambio, predominan el hermetismo y las explicaciones parciales. Esa diferencia alimenta inevitablemente la sospecha pública de que existen intocables cuando los hechos rozan al círculo del poder.

En un Estado de derecho no basta con asegurar instalaciones. Se debe identificar a los responsables, presentar pruebas, judicializar los casos y permitir que los jueces determinen las responsabilidades. Lo contrario convierte los grandes decomisos en simples espectáculos mediáticos y deja intactas las redes que hicieron posible el negocio.

Porque cuando hay combustible, infraestructura, millones de pesos en juego y, aun así, no aparecen responsables, la percepción ciudadana es devastadora: que el problema no es únicamente el crimen organizado, sino la protección política que, de existir, le permitiría operar.

Y esa percepción sólo puede disiparse con investigaciones transparentes, resultados verificables y procesos judiciales públicos, no con discursos ni cambios de nombre.

Al final, la pregunta seguirá persiguiendo al gobierno: si no era una refinería clandestina, sino una planta procesadora, ¿quién permitió que funcionara, quién se benefició y por qué, hasta hoy, nadie ha rendido cuentas?

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