Agua y pantano

AGUA Y PANTANO

La elección de la desconfianza

Hay una palabra que será determinante en las elecciones de 2027 y que, paradójicamente, no aparecerá en ninguna boleta: confianza. El proceso electoral federal acaba de iniciar y en unas semanas comenzará el local en Tabasco, pero desde ahora la competencia se desarrolla en un ambiente de sospecha entre partidos y de creciente cuestionamiento hacia las autoridades encargadas de organizar y calificar las elecciones.

La oposición acusa al INE de permisividad frente a campañas anticipadas, particularmente de Morena, y de no fiscalizar con suficiente rigor los recursos utilizados antes de los tiempos legales; desde el oficialismo, en cambio, se denuncia la existencia de campañas negras y posibles intentos de injerencia extranjera, mientras algunos dirigentes opositores comienzan a hablar de una “elección de Estado” y de condiciones inequitativas para competir. Más allá de determinar quién tiene razón, lo preocupante es que todos parecen comenzar la contienda desconfiando de las reglas, del árbitro y, eventualmente, del resultado.

En Tabasco, esa desconfianza encontró además un episodio concreto con la renuncia del secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, Jorge Alberto Zavala, después de difundirse desde sus redes un video de promoción de Daniel Casasús, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Centro. 

El hecho puede explicarse como un error personal, pero cuando proviene de quien ocupa una posición central dentro del organismo electoral, el daño principal no está solamente en la conducta, sino en la duda que deja sobre la imparcialidad institucional.

México construyó durante décadas un sistema electoral precisamente para sustituir los conflictos postelectorales por instituciones capaces de ofrecer certeza, legalidad e imparcialidad. Tabasco conoce bien las consecuencias de perder esa confianza: la elección de gobernador del año 2000 terminó anulada y obligó a realizar una elección extraordinaria.

El riesgo de 2027 no está únicamente en posibles irregularidades, sino en llegar a la jornada electoral con partidos y ciudadanos convencidos de antemano de que las autoridades están parcializadas. Cuando una democracia pierde confianza en quienes cuentan los votos y en quienes resuelven las controversias, cualquier derrota puede convertirse en fraude y cualquier sentencia en prueba de conspiración.

Preocupa que lo que se haya construido los últimos años en torno a la competencia política no sea precisamente mayores condiciones de certeza, equidad, transparencia y legalidad en las elecciones. 

Para no variar, otro elemento que puede jugar en contra del cumplimiento de estos principios: el dinero. El gobierno y su partido ya dieron a conocer públicamente su posición en torno a lo que se considera un monto excesivo de recursos solicitado por el INE para 2027. 

Sin un presupuesto suficiente, la autoridad electoral podría ver limitadas sus funciones, por ejemplo, de fiscalización, de preparación del personal o de cobertura para la instalación de casillas.

Por años se ha criticado en México el costo de las elecciones, pero lo que no se dice es que éstas son caras precisamente por la alta desconfianza que existe entre contendientes y porque, ahora menos que antes, tampoco se confía en el árbitro.

Aguas movedizas

Jesús Selván, el dirigente local de Morena, fue uno de los que pidió la renuncia del secretario ejecutivo del IEPCT, Jorge Zavala. Lo hizo como cobro de afrentas, porque en 2023 fue sancionado e inscrito en el registro de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género y, según declaró, el ahora exfuncionario electoral fue el que “armó el expediente” y no actuó de manera imparcial. 

Pero las actitudes y desplantes de Selván lo delatan como violentador, pues en la conferencia de prensa del lunes, contestó de forma grosera y arrogante a una reportera que lo cuestionó sobre la crisis del sistema de salud IMSS Bienestar, al señalar que alguien le había redactado la pregunta.

Si así se muestra ante la prensa en público, qué se puede esperar de él en sus actividades privadas y más aún cuando disfruta del poder que le da una posición política. No por nada fue sancionado y su registro como violentador ratificado por los tribunales. No es para sentirse orgulloso, pero para él sí y vaya que lo demuestra.