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Las manos atadas en el aula: el celular y el fracaso del control escolar

En el púlpito matutino y en los comunicados oficiales, todo suena a consenso y avance normativo. La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado, ha vuelto a acaparar titulares con el anuncio de un "Acuerdo Nacional" para restringir el uso de teléfonos celulares y dispositivos digitales en primarias y secundarias. Con cifras en mano, la autoridad presume el respaldo del 81% de más de 560 mil docentes consultados. ¿Quién podría estar en contra de reducir distracciones, mitigar el cyberbullying que salpica las aulas y fomentar la convivencia en el recreo?

Visto desde los escritorios de Bucareli o de las secretarías estatales, el diagnóstico es correcto y la intención impecable. Sin embargo, cuando la teoría burocrática choca de frente con la realidad del aula, la narrativa oficial se desmorona.

La verdadera crisis de la educación básica en México no radica en la falta de lineamientos, sino en la absoluta orfandad operativa y jurídica en la que se deja a los maestros para hacer cumplir cualquier regla.

Mientras el discurso institucional nos vende la ilusión de un "uso pedagógico y regulado", en la práctica cotidiana de las escuelas públicas la historia es diametralmente opuesta. Los docentes llevan años –no meses– intentando poner freno al abuso de las pantallas. En muchos planteles se han firmado reglamentos y "Marcos de Convivencia Escolar" donde los padres de familia se comprometen formalmente a supervisar a sus hijos y aceptan que los aparatos sean retenidos si interfieren con la clase.
¿El resultado? Un mero trámite de papel. "Por una oreja les entra y por la otra les sale", confiesan los maestros al enfrentarse a tutores que exigen de vuelta el dispositivo con tono amenazante, solapando la indisciplina de sus hijos.
Pero el problema no termina en la permisividad de los hogares. El verdadero nudo ciego está dentro del propio sistema educativo. Cuando un maestro intenta aplicar sanciones administrativas o hacer valer el reglamento para formar ciudadanos responsables, la respuesta de las supervisiones escolares y de los Asesores Técnico Pedagógicos (ATP) suele ser contundente: "Denle la vuelta porque van a salir perdiendo".
Hay una consigna no escrita pero inflexible que asfixia el trabajo docente: nadie debe reprobar.

En la búsqueda por inflar estadísticas de cobertura y eficiencia terminal, el sistema ha desarmado al magisterio. Si un alumno no puede ser reprobado, si las autoridades intermedias prefieren evitar quejas ante Derechos Humanos o con padres conflictivos, y si la recomendación oficial ante el desacato es "doblar las manos", ¿de qué sirve un nuevo acuerdo emitido desde la Ciudad de México?
Prohibir o restringir el celular sin otorgarle al docente el respaldo institucional, la autoridad moral y el respaldo jurídico para aplicar consecuencias reales es condenar la medida al fracaso. Es pedirle al maestro que apague un incendio con las manos atadas a la espalda.

El anuncio de la SEP podrá ser una excelente nota de prensa y un buen tema para la foto oficial, pero en el piso de remate —que es el salón de clases— la realidad seguirá siendo la misma: aulas hiperconectadas, alumnos distraídos, padres indolentes y un magisterio maniatado por la misma burocracia que dice protegerlo.

Lo grave que nos queda es la deficiencia en el sector educativo y la falta de una enseñanza más integral y profunda.

Vamos indudablemente en un franco retroceso. La nueva escuela mexicana no logró su objetivo, resultó un fracaso, desafortunadamente.