Cayuco

La red de nepotismo que rodea a Octavio Romero

“Cuando el poder se convierte en un vulgar asunto de amigos y familiares, la transparencia deja de ser una cortesía: se vuelve una obligación ineludible.”

Anónimo

La pregunta ya no debe ser si Octavio Romero Oropeza cuenta con padrinos y amigos poderosos.

La interrogante es mucho más grave y escandalosa.

¿Por qué alrededor del hoy director del Infonavit se repiten, año tras año y sexenio tras sexenio, los mismos nombres, el mismo amiguismo, el nepotismo descarado, los antiguos socios y los mismos compadrazgos, mientras las respuestas públicas solo llegan a regañadientes tras ser acorralados por el periodismo de investigación?

Porque una cosa es la amistad. Otra, el parentesco. Otra, los negocios privados. Y una muy distinta y peligrosa, es que todos esos caminos desemboquen en el mismo sitio: el ejercicio impune del poder y el saqueo del dinero público.

Empecemos por Marcos Manuel Herrería Alamina.
No estamos ante un burócrata que accidentalmente tropezó con Octavio Romero en los pasillos del Infonavit. En absoluto. La complicidad viene de muy atrás.

Herrería sirvió a la sombra de Romero cuando éste fue oficial mayor en el Gobierno del Distrito Federal; posteriormente lo secundó en Pemex, donde operó desde la estratégica Dirección Corporativa de Administración y Servicios.
Y, cuando Octavio dejó Pemex tras una gestión de quebranto para tomar el control del Infonavit, ¿quién reapareció de inmediato? Adivinó usted, amable lector:

Marcos Herrería.

Actualmente despacha como secretario general del Instituto. El propio organigrama oficial lo confirma: ocupa la segunda posición al mando, el verdadero brazo ejecutor de la institución.

Pero existe un antecedente mercantil que vuelve imperativa una rendición de cuentas sin matices.
Romero y Herrería estuvieron vinculados empresarialmente en Tabasco a través de La Mercocha, una sociedad dedicada a actividades agropecuarias y ganaderas.

Distintas investigaciones periodísticas han documentado cómo ambos compartieron acciones y utilidades antes de dar el salto a las altas esferas del gobierno federal.

Es decir: primero negocios privados; después Pemex; ahora el Infonavit.
Si bien esto no constituye por sí solo un delito, vaya que expone un evidente y sistemático conflicto de interés.

Y aquí comienza a ramificarse el árbol genealógico del poder absoluto.

Violeta Abreu González, identificada públicamente como esposa de Marcos Herrería, funge actualmente como directora general del Servicio Postal Mexicano (Correos de México).
Su foja de servicios atraviesa los proyectos clave de la llamada Cuarta Transformación: operó en la Secretaría del Bienestar, escaló a Fonatur, participó en el entramado del Tren Maya y prestó sus servicios en la administración capitalina de Claudia Sheinbaum.

Pero el rompecabezas familiar no termina ahí.
Luisa Elena Abreu González, hermana de Violeta, se consolidó como colaboradora del círculo íntimo de Claudia Sheinbaum desde hace años; investigaciones sobre la estructura de la Oficina de la Presidencia la ubican como la todopoderosa secretaria privada de la mandataria.

Va el ingrediente local: la actual delegada regional del Infonavit en Tabasco, la arquitecta Ana Luisa Abreu Calderón, es prima hermana de la esposa de Marcos Herrería.

Casualmente, el nombramiento de ambos se hizo efectivo el mismo día.
Ana Luisa se desempeñaba como funcionaria de Desarrollo Urbano en el gobierno de Tabasco y directora en la SOTOP. Sin embargo, tras la llegada de su exesposo Daniel Casasús como titular de la Secretaría, fue estratégicamente reinstalada en el Infonavit.

Es precisamente por este tipo de maniobras por lo que las instituciones están obligadas a transparentar dónde terminan los lazos afectivos y dónde comienzan las decisiones presupuestales.
Y aún falta otra rama del árbol.

Isabel del Carmen Herrería Alamina, hermana de Marcos Herrería, está casada con Pedro Arturo López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Un matrimonio ampliamente documentado desde hace años.

Atemos los cabos de esta tupida red:
Octavio Romero y Marcos Herrería: exsocios comerciales y compadres políticos de toda la vida.

Marcos Herrería: secretario general y segundo al mando del Infonavit.
Violeta Abreu (esposa de Herrería): directora general de Correos de México.

Luisa Elena Abreu (cuñada de Herrería): la “cuñada de oro” y secretaria privada de la Presidenta.
Ana Luisa Abreu (prima de las anteriores): delegada regional del Infonavit en Tabasco.

Isabel del Carmen Herrería (hermana de Marcos): cuñada del expresidente López Obrador.

Y, Octavio Romero: escudero político de López Obrador desde hace décadas, exoficial mayor de la CDMX, exdiputado federal, exdirector de Pemex y hoy amo y señor constructor de casas del Infonavit.

Todo esto configura una preocupante concentración de relaciones familiares, políticas y empresariales que exige una fiscalización caiga quien caiga sobre posibles favoritismos, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos.

Y entonces llegamos a los miles de millones.

Una reciente investigación periodística reveló que Herrería firmó cuatro convenios por un monto aproximado de 2 mil 983 millones de pesos destinados a la construcción de vivienda.

Entre estos contratos destaca el desarrollo de 1,854 viviendas en un predio atribuido a la consuegra de Octavio Romero: la exdiputada federal por Morena, María Teresa Burelo Cortázar.

Ante tal nivel de cinismo y sospechas de corrupción, las autoridades tienen la obligación ineludible de aclarar la situación.

Que abran y publiquen los expedientes completos. Que expliquen los criterios de selección de esos terrenos.
Que muestren los avalúos, los estudios jurídicos y la viabilidad técnica.

Que revelen quiénes firmaron las autorizaciones y si los involucrados presentaron sus declaraciones de conflicto de interés.

Porque ante una telaraña tan evidente de complicidades, la respuesta no puede ser el ocultamiento ni el silencio cómplice: tiene que ser la apertura total.

El patrimonio que intentaron ocultar.

Cuando estalló el escándalo por el ocultamiento de la declaración patrimonial de Octavio Romero, la escusa oficial fue que los altos mandos del Infonavit no estaban obligados a figurar en DeclaraNet por contar con un régimen interno.

El pequeño detalle es que el propio Romero solicitó expresamente clasificar su patrimonio como confidencial.
El Comité de Transparencia del Infonavit actuó como escudo protector para mantener en el secreto sus propiedades, cuentas bancarias, flotillas de vehículos y activos.

Tuvo que intervenir directamente la presidenta Claudia Sheinbaum, ordenándole públicamente a Romero transparentar sus bienes. Solo así, a regañadientes y acorralado, cedió.

La información finalmente revelada sacó a la luz una vasta lista de propiedades, terrenos, departamentos e ingresos que el funcionario pretendía mantener en la opacidad.
Por eso, el fondo del asunto ya no es solo cuánto dinero y cuántas propiedades amasa Octavio Romero. La interrogante de fondo es:

¿Por qué empeñarse en ocultarlo?
Y una más incómoda aún:
¿Por qué tuvo que mediarse un escándalo mediático y un manotazo presidencial para que cumpliera con una obligación elemental de ética pública?

Octavio Romero hasta hoy ha librado impunemente su desastroso paso por Pemex y brincó sin escalas al Infonavit, arrastrando consigo a su operador de cabecera.

Antiguos socios, parientes y compadrazgos, quienes ocupan hoy posiciones estratégicas en la estructura del Estado mientras administran bolsas multimillonarias que exigen ser auditadas hasta el último centavo.

Aquí no hay teorías de la conspiración; hay hechos concretos que exigen una auditoría independiente.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública deben intervenir de inmediato.

El Infonavit tiene que transparentar cada expediente de adquisición de suelo y contratación, y cada servidor público involucrado debe rendir cuentas sobre sus redes de interés.

Tener amigos, familiares o socios no es un delito. El problema empieza cuando esas relaciones manejan miles de millones de pesos del erario en la más absoluta opacidad, sin que nadie explique quién decidió, quién autorizó y quién se benefició con el botín.

Octavio Romero tiene el derecho a defenderse. Los periodistas tenemos el deber de cuestionar. Y el pueblo de México tiene un derecho irrenunciable: el derecho a la verdad.

Porque cuando todos los caminos del poder, la familia y los presupuestos multimillonarios convergen en el mismo grupo, la transparencia deja de ser una opción. Se convierte en una exigencia nacional.

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