Abuso de autoridad, el desmantelamiento de cámaras: ciudadanos

VILLAHERMOSA, Tab., 4 de junio de 2026.- Un marcado rechazo ciudadano y señalamientos de presunto abuso de autoridad generó el reciente operativo de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, en el que desmantelaron más de 50 cámaras de videovigilancia en propiedades particulares y recintos religiosos bajo el argumento de combatir acciones ilícitas.

A través de un sondeo ciudadano realizado en la capital del estado, habitantes calificaron el actuar policial como una medida excesiva y demandaron el respeto a los espacios privados, defendiendo el uso de estos dispositivos como una herramienta indispensable frente a la crisis de inseguridad que padece la región.

Para los entrevistados, la irrupción de las fuerzas estatales en inmuebles privados sin una orden judicial previa, representa una violación legal. Guadalupe Hernández expuso que la legalidad del operativo dependía estrictamente de contar con las autorizaciones correspondientes.

“Si no tenían permiso, están incurriendo en un delito, porque ellos como autoridad no tienen que meterse en lugares privados”. En ese mismo sentido se pronunció Isac Reyes, quien catalogó el procedimiento como un atropello institucional al señalar que “mientras no haya pruebas, yo creo que no debe de ocurrir esas situaciones; es un abuso de autoridad”.

Como un abuso de autoridad sin justificación legal califica Isaac Reyes el reciente desmantelamiento de cámaras en iglesia prebisteriana por parte de corporaciones policiacas. Sostuvo que mientras no existan pruebas de un uso indebido, el gobierno no debe retirar estos equipos. pic.twitter.com/02epaOmBPs

— Quadratín Tabasco (@QuadratinTa) June 4, 2026

La ausencia de protocolos de proximidad y diálogo con los afectados fue otra de las críticas constantes durante el ejercicio de opinión. Valeria Barreto consideró que las acciones de la corporación estatal fueron impositivas y carentes de criterio.

“Me pareció que no le costaba nada preguntar a las personas afectadas. Simplemente actuaron sin pensar”. Asimismo, Juan Carlos Ramón Jiménez calificó de extrañas las circunstancias del retiro de los equipos y cuestionó la opacidad oficial: “En dado caso de que sí hubieran motivos, se debe investigar principalmente por qué lo hacen, o por qué no se había informado desde antes”.

Por su parte, María Magnolia Seferino Cham lamentó que las corporaciones de seguridad enfoquen sus esfuerzos en retirar herramientas de protección ciudadana en lugar de combatir el delito. “Ahorita la inseguridad está muy fea y ellos se aprovechan de su poder para hacer el mal”, reprochó.

Los tabasqueños coincidieron en que contar con un sistema de grabación es, en muchas ocasiones, la única alternativa para resguardar su integridad y sus bienes materiales ante la delincuencia común. Quienes han sido víctimas de robos compartieron el desamparo que se vive al no tener pruebas visuales para consignar una denuncia penal.

Seferino Cham relató su experiencia personal cuando delincuentes ingresaron a su domicilio mientras su familia dormía. “Esa vez llamamos a la policía y, como no teníamos evidencia, no hicieron nada. Igual para eso son las cámaras; por esa parte para mí es muy importante tenerlas”, compartió.

Finalmente, los participantes en el sondeo admitieron que, si bien existe un riesgo latente de que personas particulares utilicen los sistemas de vigilancia con fines indebidos o delictivos, la solución no radica en prohibirlos o retirarlos arbitrariamente. La postura generalizada es que la ciudadanía mantenga el derecho de proteger su patrimonio mediante tecnología, delimitando su uso de forma correcta.

“Muchas veces podemos salir a la calle tantito y nos puede pasar algo. Es una seguridad que nosotros debemos tener; que sólo cuide la casa propia, sin invadir la privacidad de otras personas”, concluyó Ramón Jiménez.