Invita representante de la SSPC a confiar en la denuncia anónima

VILLAHERMOSA, Tab., 26 de agosto de 2026.- Ante la prevalencia de una alta cifra y la constante mutación de las formas de chantaje, el oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, Agustín Gómez Sánchez, solicitó un voto de confianza a la población tabasqueña para realizar denuncias anónimas dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

El llamado se realizó este miércoles durante el acto formal donde el Consejo Estatal de Empresas de Seguridad Privada (CEESP) en Tabasco, presidido por Manuel Felipe Ordóñez Buendía, anunció su adhesión a este esquema preventivo derivado de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

Gómez Sánchez enfatizó que la participación ciudadana resulta determinante para combatir la impunidad, asegurando que a través de la información y el reporte oportuno se logra evitar hasta un 90 por ciento la consumación de este delito.

“Son cinco ejes de la estrategia: generación de detenciones mediante investigación e inteligencia, fomentar la creación de unidades antiextorsión en cada estado, aplicar los protocolos de atención a víctimas, capacitar a operadores del número 089 e implementación de campañas de prevención nacional”, expuso el funcionario federal.

El representante de la SSPC reconoció que el temor y los viejos vicios en el tratamiento del problema alejaron a las víctimas de las instituciones.

“Las extorsiones, de la manera en que se han tratado, han llevado a que las víctimas no denuncien, existe una alta cifra negra, impunidad y crecimiento del delito”, explicó, alertando que las nuevas modalidades afectan por igual a estudiantes, adultos mayores y empresarios.

Para revertir esta tendencia, destacó que la nueva norma que entró en vigor en noviembre pasado, contempla la operación del Centro de Atención de Denuncias por el Delito de Extorsión (CADDE), el cual fortalece el anonimato, la orientación y el seguimiento a los reportes. Asimismo, subrayó que el marco legal homologó las penas en todo el país, fijando condenas de hasta 42 años de prisión sin derecho a beneficios de preliberación para los responsables.