Obtiene FGET sentencias por allanamiento de morada, pederastia y violación
PARAÍSO, Tab., 20 de agosto de 2026.- Un día después de la Operación Enjambre ejecutada por la Fiscalía General de la República (FGR) en este municipio, que derivó en cateos, aseguramientos y detenciones de funcionarios municipales, el alcalde de Paraíso, Alfonso Baca Sevilla reapareció a través de un video en el que negó se haya dado a la fuga; acusó que “se ha instrumentado una persecución política en mi contra”, y reveló que las autoridades federales buscan tipificarle delitos de abuso de autoridad, portación de armas, y posesión de combustible ilícito y narcóticos.
“Niego de manera categórica haber realizado actos o conductas que conlleven a la tipificación de estos delitos, como lo habré de demostrar de manera oportuna”, aseveró el edil de filiación emecista, quien dijo encontrarse en la Ciudad de México realizando gestiones institucionales propias de su encargo como presidente municipal paraiseño. Reveló que en total se realizaron 15 cateos.
Comentó que ante la situación en que se ha visto envuelto, contrató los servicios de un abogado penalista para investigar de qué delitos lo acusan a él y a los demás funcionarios del ayuntamiento de Paraíso involucrados o detenidos durante el Operativo Enjambre.
Apuntó que la FGR en Tabasco realiza investigaciones en su contra y de otros servidores públicos del ayuntamiento en la carpeta de investigación FED-DAB-VHS/00749/2026, en la que, supuestamente, hay denuncias que lo relacionan con los delitos de uso indebido de atribuciones, tortura, portación de arma de fuego sin licencia, portación de arma de fuego reservadas para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión ilícita de hidrocarburo y posesión de narcóticos.
“Lo cierto es que el operativo de los cateos se llevaron a cabo en franca violación a las garantías del debido proceso y de legalidad: artículo 14 y 16 constitucionales, puesto que las órdenes de cateos no señalaba las direcciones exactas de los lugares a catear, los objetos que se buscaban, las personas a aprehender, el plazo o vigencia para realizar el cateo, los nombres de los servidores públicos y peritos autorizados para participar en dicho operativo y vigencia, tal como lo exige el artículo 282 del Código Nacional de Procedimientos Penales", expuso.

En cuanto a los cateos realizados en su domicilio particular y en los de otros colaboradores en el ayuntamiento, no especifican direcciones ni nombres, únicamente se menciona 15 domicilios, en que participarían 15 peritos de fotografía forense, cinco en avalúos, tres en contabilidad y 15 en criminalística.
Manifestó que en estas actuaciones judiciales, “la actuación sobreexpuesta y dramática del personal de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal demuestra una intencionalidad política para dañar mi imagen, reputación y fama, así como de los demás servidores públicos denunciados”.
Y agregó todo ello “demuestra que se ha instrumentado una persecución política y el uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia por parte de las autoridades”.

Comentó que una vez que concluya los compromisos de gestiones institucionales en la capital del país, se presentará en el ayuntamiento, y de manera paralela, “atenderé esta situación por la vía jurídica y demostraré mi inocencia y de mis compañeros servidores públicos”.
Por último, aseguró que en el municipio todos conocen a qué se ha dedicado desde su edad productiva y cómo ha formado un patrimonio familiar, “y jamás he estado vinculado a actividades ilícitas; por ello, me encuentro tranquilo de conciencia y actitud”.
