Solicita FGE 50 años de prisión para acusados del homicidio de Rodrigo

VILLAHERMOSA, Tab., 9 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado ha presentado formalmente la acusación en contra de cuatro presuntos implicados en un delito de homicidio –todos ellos efectivos de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC)–, solicitando una pena de 50 años de prisión para cada uno de los imputados, además de la suspensión de sus derechos políticos y civiles.

El anuncio se dio por parte del fiscal Especializado en homicidios en Centro, Ramsés Obeed Rodríguez Corona, tras agotar las diligencias de la investigación complementaria, la cual concluyó formalmente el pasado 28 de marzo de 2026. Posteriormente, el 23 de abril, el fiscal del Ministerio Público procedió con la acusación ante la autoridad judicial, quedando programada la audiencia intermedia para el 29 de mayo de 2026.

Reparación del daño e investigación exhaustiva

Además de la pena privativa de la libertad, las autoridades han requerido el pago de 407 mil 48 pesos por concepto de reparación integral del daño. Se destacó que este monto no es definitivo y podría incrementar durante la etapa de ejecución de sanciones, con base en la información y elementos que aporte la víctima indirecta.

Como parte del proceso de investigación, la Fiscalía ha realizado más de 166 diligencias y requerimientos de información, entre los que destacan:

 -Recopilación y análisis de videograbaciones de cámaras públicas y privadas.

 -Entrevistas a testigos, familiares, elementos policiales, personal operativo y funcionarios.

 -Obtención de bitácoras, expedientes institucionales e identificación de patrullas.

 -Dictámenes periciales en criminalística de campo, balística, química forense, genética, tránsito terrestre y planimetría.

-Nueva línea de investigación por presunto encubrimiento

Se investigan conductas de presunto encubrimiento

Paralelamente, las autoridades informaron que desde el pasado 10 de diciembre de 2025 se mantiene abierta una segunda carpeta de investigación. El objetivo de esta nueva línea es esclarecer la probable existencia de conductas de presunto encubrimiento y participación de otros servidores públicos en hechos posteriores al homicidio.

Esta indagatoria continúa vigente y contempla el análisis minucioso de las actuaciones del personal de guardia, armamento asignado, cartuchos utilizados y el registro de vehículos oficiales. Esto determinará si existen responsabilidades adicionales que deban ser sancionadas por las instancias correspondientes.

Por último, la Fiscalía enfatizó que tanto las víctimas indirectas como los asesores jurídicos han sido atendidos puntualmente y conforme a derecho. A pesar de los señalamientos públicos que sugerían una presunta falta de atención al caso, las autoridades reiteraron que en el expediente obran los registros que sustentan un actuar apegado a la legalidad, confirmando que la investigación seguirá abierta independientemente del proceso que enfrentan los cuatro elementos que serán llevados a juicio oral.