Agua y pantano
La oportunidad de la oposición de ser gobierno en Tabasco
La política exhibe sus contradicciones cuando el discurso de quienes llegan al poder termina convertido en una práctica opuesta a los principios que prometieron defender. Lo que comenzó como una propuesta de dignificación del servicio público, combate a los privilegios y democratización de la vida política corre el riesgo de reproducir aquello que antes cuestionaba: discriminación, imposición, subordinación y concentración de las decisiones en unos cuantos.
Una de las expresiones más preocupantes se encuentra en la selección de candidaturas. La democracia no consiste únicamente en votar el día de la elección; exige que los ciudadanos y militantes tengan condiciones equitativas para participar, que las reglas sean claras y que las decisiones no respondan a intereses de las cúpulas ni a instrucciones provenientes del poder político.
Cuando la selección de candidatos se convierte en un mecanismo de exclusión, discriminación o imposición, deja de ser un asunto interno de los partidos y se transforma en una afectación a los derechos de participación política. La paridad de género, indispensable para avanzar hacia la igualdad sustantiva, tampoco puede utilizarse como justificación para predeterminar candidaturas, restringir arbitrariamente derechos o encubrir decisiones previamente negociadas. La igualdad no debe ser pretexto para la imposición, ni la democracia interna una formalidad para legitimar decisiones cupulares.
A esta contradicción se suma el sometimiento progresivo de las dirigencias partidistas. Quienes deberían representar a sus militantes, defender la autonomía de sus organizaciones y deliberar sobre sus decisiones terminan, en ocasiones, convertidos en ejecutores de acuerdos construidos fuera de sus propias estructuras. La política partidista pierde su sentido cuando la deliberación se sustituye por obediencia y la representación por subordinación.
El control no siempre necesita órdenes públicas. También se ejerce mediante negociaciones cupulares, distribución de posiciones, compromisos políticos y acuerdos que desplazan la voluntad de las bases. Así, los partidos dejan de ser espacios de participación para convertirse en instrumentos de negociación y conservación del poder.
La contradicción resulta difícil de ignorar: se habla de dignidad, pero se toleran prácticas discriminatorias; se reivindica la democracia, pero se restringe la participación; se cuestionaban los privilegios de las élites y ahora las decisiones fundamentales vuelven a concentrarse en círculos reducidos. El discurso de transformación pierde credibilidad cuando quienes lo enarbolan reproducen mecanismos de control que antes denunciaban.
Tabasco no está al margen de esta realidad. Rumbo a 2027, la selección de candidaturas, la autonomía de los partidos y la independencia de sus dirigentes serán determinantes para la calidad de la competencia electoral. No basta con publicar convocatorias y establecer procedimientos formalmente democráticos si las decisiones ya están tomadas antes de que la militancia tenga oportunidad de participar.
En este escenario, la oposición tiene una oportunidad política que no debería desperdiciar. Sin embargo, no basta con señalar los excesos del oficialismo, capitalizar el descontento o esperar que el desgaste gubernamental se traduzca automáticamente en respaldo ciudadano. Su obligación es demostrar que representa una alternativa real y no una versión distinta de las mismas prácticas.
No puede cuestionar la imposición mientras reproduce imposiciones; denunciar la discriminación mientras excluye injustificadamente a sus militantes, ni exigir autonomía institucional mientras sus propias dirigencias se subordinan a intereses ajenos a sus órganos de decisión. La congruencia democrática comienza dentro de los partidos.
Ser una alternativa de gobierno exige procesos internos transparentes, respeto a los derechos de la militancia, reconocimiento de los liderazgos territoriales y candidaturas construidas desde la participación, no desde acuerdos anticipados. Una dirigencia puede controlar una convocatoria e influir en quién aparece en la boleta, pero no puede fabricar legítimamente el respaldo ciudadano ni sustituir la voluntad de sus militantes.
La sociedad no está obligada a respaldar a quienes únicamente aspiran a ocupar los espacios que hoy tienen otros. La alternancia solo tendrá sentido si representa una ruptura con las prácticas de exclusión, subordinación y concentración del poder.
El reto de 2027 será, por tanto, una prueba de congruencia para todas las fuerzas políticas. Quienes cuestionan el autoritarismo tendrán que demostrar que respetan la pluralidad cuando les corresponde decidir; quienes reclaman democracia deberán garantizarla en sus procesos internos, y quienes aspiran a gobernar tendrán que acreditar que no reproducirán los mecanismos de control que hoy critican.
La democracia comienza mucho antes de las urnas: comienza cuando se reconoce el derecho de los demás a participar, cuando las dirigencias entienden que no son propietarias de los partidos y cuando el poder acepta que no puede decidirlo todo.
La oposición tiene la oportunidad de gobernar Tabasco, pero primero debe demostrar que sabe construir democracia desde sus propias organizaciones. La alternancia no puede reducirse a cambiar a los beneficiarios del poder; debe significar recuperar la política como un espacio de libertad, participación y dignidad. De lo contrario, solo estaremos ante un cambio de siglas, no ante una verdadera transformación democrática.




