Carta abierta

Romero Oropeza: su modus operandi

La vieja sombra de la corrupción vuelve a rondar al Infonavit. Una investigación periodística de Andrea Meraz, difundida por Grupo Fórmula, documentó la asignación de tres contratos por 8 mil 490 millones de pesos a Interservicios de Tabasco para construir 14 mil viviendas en la entidad. El caso exige una explicación y, sobre todo, una investigación a fondo del gobierno federal.

El asunto apunta directamente a Octavio Romero Oropeza, quien asumió la dirección del Infonavit en octubre de 2024, después de encabezar Pemex de 2018 a 2024. Los principales accionistas de la constructora son Óscar Rafael Garza Adame y su hijo Óscar Rafael Garza Reyvers, empresarios que desde 2023 mantienen relaciones comerciales con la petrolera, donde recibieron por parte del agrónomo más de 6 millones de dólares por suministros de tuberías y herramientas para pozos.

Los antecedentes de las adjudicaciones llaman la atención. En julio de 2025, Interservicios obtuvo un contrato por 3 mil 335 millones de pesos para construir 6 mil 64 viviendas en el municipio de Centro. En noviembre recibió otro por mil 601 millones para 2 mil 914 casas en la misma zona. Finalmente, el 26 de agosto de 2026 se le asignó un tercer contrato por 3 mil 554 millones para levantar 6 mil viviendas en Nacajuca. El costo estimado por inmueble oscila entre 549 mil y 592 mil pesos.

Hay otros nombres que llaman la atención: Alejandro Brown Bocanegra, hermano de Marianne Brown, señalada por presuntos vínculos con una red de corrupción y extorsión junto a Mario Miguel de la Fuente Zeind. También se menciona su parentesco con Guillermo Brown Bocanegra, integrante de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión de Tabasco.

La coincidencia de proveedores, funcionarios y relaciones empresariales amerita revisar cada expediente. ¿Qué experiencia tenía Interservicios en la construcción de vivienda antes de recibir estos contratos? ¿Quién evaluó su capacidad técnica y financiera? ¿Qué criterios justificaron las adjudicaciones y quiénes intervinieron en ellas?

El gobierno federal tiene la obligación de esclarecer estos hechos. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y las instancias fiscalizadoras deben revisar contratos, licitaciones, antecedentes y posibles conflictos de interés.

Con 8 mil 490 millones de pesos públicos bajo sospecha, una explicación a la defensiva, culpando a los conservadores, o a Felipe Calderón, resulta francamente estúpida.