Carta abierta

Silencio ante los dientitos

El presunto hallazgo de mil 600 dientes de leche en Zacapu, Michoacán, desenterrados por el colectivo Buscando Cuerpos en Todo México, muestra otra degradación humanitaria.

Entre 2021 y septiembre de este año, las madres buscadoras, con Margarita López como una de las cabezas más visibles, han extraído de un crematorio las piezas dentales de cientos de niños de entre uno y seis años.

Pero el Estado mexicano ha respondido con un silencio que raya en la complicidad.

Por su parte, la Fiscalía General de Michoacán se limita a negar los registros oficiales del caso en lugar de intervenir con peritajes científicos independientes.

Esta resistencia institucional a investigar despierta las sospechas más perversas sobre el verdadero origen de la tragedia.

Este presunto exterminio de menores obliga a replantear delitos de alcance internacional, como redes clandestinas de tráfico de órganos, pornografía infantil y tráfico de bebés.

Resulta extraño que este suceso no haya fracturado las estructuras del poder político y mediático en el país.

El Congreso de la Unión reaccionó tibiamente con unos minutos de silencio en el pleno, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de Rosario Piedra sigue como es su costumbre, con un “no veo, no oigo”.

Lo cierto es que las autoridades han decidido no investigar lo que apunta a ser un cementerio de infantes, porque admitir su existencia echaría abajo cualquier narrativa de que “vamos mejor”.

Y es que si el hallazgo no provoca una movilización del sistema de justicia, es porque algo muy grande se oculta.

Los mexicanos se niegan a creer que el Estado mexicano haya renunciado a su obligación de proteger la vida de sus niños, de sus ciudadanos en general.

(El 23 de septiembre, el periodista Óscar Balderas publicó la columna La fosa de los dientitos de leche en Milenio Diario. El impacto de la narrativa provocó que el caso se viralizara de inmediato en redes sociales).

: La rúbrica

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha denunciado la extrema violencia que enfrentan las madres buscadoras en México al realizar labores de investigación que el Estado no garantiza. En una nota publicada en Proceso, se informa que debido a la magnitud de la crisis, con más de 130 mil casos registrados, estos colectivos de mujeres peinan terrenos peligrosos para hallar a sus familiares desaparecidos. En este proceso, las buscadoras se exponen a graves amenazas, agresiones e impunidad, en una profunda crisis de derechos humanos. La situación deja al descubierto el desamparo institucional y plantea el dilema urgente sobre quién protege a quienes arriesgan su vida por la justicia.